Justicia y política
La justicia fue servida, pero la democracia ha sido puesta a prueba”. Con esta frase breve, clara, certera, la editorial del New York Times describió hace unos días lo que significaba para Brasil —y para América Latina en su conjunto— la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los presidentes más populares en el continente, el favorito de las encuestas para ganar la elección presidencial de octubre en Brasil. La prisión de Lula en la cárcel de Curitiba, construida por cierto durante su presidencia, es hasta hoy el resultado más dramático de la operación Lava Jato, dirigida por el magistrado Sergio Moro, el abogado de Paraná que descubrió desde 2014 la corrupción de la clase política y empresarial en Brasil, a partir de sus investigaciones en torno a los sobornos hechos por la compañía petrolera Petrobras y la empresa constructora Odebrecht. La operación contra la anticorrupción ha cristalizado desde entonces en cientos de condenas que han involucrado a la élite política y corporativa del país y que han afectado no solo a los más ricos y poderosos, sino también a los más populares, como Lula.
Lula ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2002 con el más alto número de votos en la historia del país: 52.4 millones, más de 60 por ciento de la votación. Al frente del gobierno, lanzó el Programa Hambre Cero y el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, y fortaleció el salario mínimo, que llegó a triplicar en Brasil. Sacó a cerca de 30 millones de brasileños de la extrema pobreza durante su gobierno. Los escándalos de corrupción, sin embargo, estallaron muy pronto, en 2005. Lula tuvo que dar una explicación a su pueblo. “Estoy indignado por las revelaciones que aparecen cada día y que impactan al país, porque el PT fue creado justamente para fortalecer la ética en la política”, dijo. “Yo no tengo ninguna vergüenza para decir al pueblo brasileño que nosotros tenemos que pedir disculpas”. Los brasileños pensaban que conocía la corrupción, cosa que él negó, pero fueron tolerantes: sabían que el dinero le servía para promover un proyecto, no para llenar sus bolsillos, y la mayoría de los brasileños apoyaba ese proyecto. Lula fue reelecto en 2006. Su aprobación era superior a 80 por ciento cuatro años más tarde, cuando a fines de 2010 dejó la Presidencia. Fue uno de los estadistas más visionarios, exitosos e influyentes del mundo.
Todo cambió después. En 2016, Brasil cayó en su peor crisis económica y política. Dilma Rousseff, sucesora de Lula, fue obligada a dejar la Presidencia. Fueron encarcelados, acusados de corrupción, muchos de sus colaboradores más importantes, entre ellos su jefe de gabinete, José Dirceu. El propio Lula comenzó a ser investigado. Hoy tiene siete procesos por corrupción abiertos en su contra. Pero también es el favorito para ganar las elecciones del 7 de octubre: encabeza todas las encuestas, con una intención de voto de alrededor de 36 por ciento. Su inhabilitación política no es automática, a pesar de haber sido apresado: esa decisión le corresponde a la justicia electoral, que tiene hasta julio para pronunciar su fallo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacer para que las ganancias contra la corrupción no sean pérdidas para la democracia? El New York Times concluye su editorial con la esperanza de que surja un líder que haga eso posible. Pero por el espacio que ocupa Lula, no parece que vaya a surgir ninguno. *Investigador de la UNAM (Cialc)
¿Cómo hacer para que las ganancias contra la corrupción no sean pérdidas para la democracia?