Lula, Odebrecht y México
La empresa brasileña Odebrecht corrompió a personajes de alto nivel a lo largo y ancho de América Latina. Ofreció sobornos para obtener lucrativos contratos por obras públicas. Uno de esos personajes fue el ex presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo. Recibió propinas provenientes de la compañía referida. En términos comparativos, su defenestración es leve si se le compara con la del ex presidente de Brasil Lula da Silva. Éste ha sido encarcelado y condenado a una pena de, al menos, 9 años. Una fiscalía independiente y un juez rigurosamente implacable (Sergio Moro) fueron piezas claves del caso. Se aplicó la ley, sin titubear, a pesar de que segmentos importantes de la población brasileña han salido masivamente a las calles a protestar por la detención del ex presidente. No contó que siguiera siendo una figura popular. No importó tampoco que fuera el aspirante presidencial que encabeza las encuestas para la próxima elección presidencial. Antes que él, había sido puesto tras las rejas José Dirceu, entre otros, quien fuera pieza clave del gobierno de Lula; se desempeñó como su jefe de su gabinete. Pese a ello, la sentencia del juez hizo eco a otro segmento de la población, crecientemente indignado por la corrupción rampante que envuelve a Brasil.
El actual presidente, Michel Temer, también se encuentra en la mira de la justicia. En octubre del año pasado se salvó de ser destituido por el Congreso del país amazónico. Una reñida votación (251 diputados votaron a favor y 231 en contra) le ha permitido seguir en el cargo, pero bajo la lupa de la justicia que en Brasil sí funciona.
México navega en el sentido opuesto. Se puede delinquir porque hay impunidad. La corrupción pública y privada es una constante en nuestro país. Este sexenio se ha distinguido por ello. Que haya más acceso a la información, una costosa libertad de prensa (recordar cuántos periodistas han sido asesinados) ha permitido conocer, a detalle, escándalos que, sin embargo, no pasan de eso: escándalos que eluden la acción de la justicia, aunque sacudan a la opinión pública (por cierto, un funcionario de bajo nivel de la Sedesol ya fue sancionado por La Estafa Maestra). La semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo público un comunicado en el que inhabilita por dos años y tres meses a Odebrecht de México. Su director, Luis Alberto de Meneses, fue sancionado y la empresa estará impedida, en el lapso mencionado, de obtener contratos del gobierno de México. En el expediente, De Meneses fue señalado por haber hecho pública la imputación al ex director de Pemex Emilio Lozoya por presuntamente haber recibido propinas millonarias. En ese comunicado de la SFP, empero, no hay indicio alguno que señale al ex funcionario de Pemex ( Reforma 19/IV/18). Este caso, entre muchos otros, es lo que hace crecer día a día la rabia en México. No es fortuito, por tanto, que el candidato Meade se encuentre en el tercer lugar de las encuestas: un partido deshilachado y un gobierno pasivo ante los hechos son los responsables. La corrupción sin límite y la irritación social serán factores determinantes en el resultado de las elecciones del 1 de julio.
En el país, los escándalos no pasan de eso, eluden la acción de la justicia; la SFP reportó que inhabilita por dos años y tres meses a Odebrecht de México, pero no da indicio que señale a Emilio Lozoya