Empresa y política
La corrupción, el despotismo laboral y social, así como la ineficiencia, han ganado espacio en la empresa pública, y mucho más cuando opera como monopolio
La política estatista resiente la presencia de los empresarios en los temas públicos, tiene la visión de que el inversionista privado es más un problema a contener, que un activo a aprovechar. No es una idea de hace medio siglo, para López Obrador, candidato con amplia ventaja en las intenciones de voto, la empresa privada es el espacio del enriquecimiento de unos cuantos a costa de muchos. Es el imperio del egoísmo sobre el altruismo y la solidaridad.
El candidato promueve la falsa noción de que los empresarios son una casta pequeña y poderosa; la realidad es que quienes nos dedicamos a actividades privadas somos cientos de miles de personas, empresas pequeñas, medianas y grandes, que viven y padecen las dificultades, la incertidumbre y, en algunos casos, lo peor del flagelo de la delincuencia que azota el país.
Obtener utilidades no es inmoral, de hecho, es lo que hace funcionar a todo el sistema económico y al sector público a través del pago de impuestos y de crear oportunidades de empleo, ambas por mucho la mejor manera de distribuir riqueza. La economía ficción, propia del populismo, se vuelve contra la misma sociedad a la que pregona proteger y beneficiar.
A México le ha costado tiempo reencontrar el valor de la iniciativa empresarial y de la inversión privada. Las peores crisis y las que más han lastimado a la población, las han provocado las políticas públicas que no entienden el valor del mercado, la inversión privada y las libertades económicas.
La privatización también ha recibido el rechazo de un importante sector de la sociedad y llama la atención que en México se mantengan vigentes y cobren fuerza tesis que en otros países han sido abandonadas, incluso por gobiernos de izquierda. Contrario a lo que actualmente se dice, la corrupción, el despotismo laboral y social, así como la ineficiencia, han ganado espacio en la empresa pública, y mucho más cuando opera como monopolio.
López Obrador plantea la propuesta antiliberal más acabada. Lo es en lo político, en lo social y en lo económico. No es fácil que los empresarios simpaticen con sus ideas; incluso uno de sus representantes con el sector privado, el empresario Alfonso Romo, ha tenido la incómoda y laboriosa tarea de matizar o reinterpretar las tesis del candidato en aras de construir la idea de que cuando Andrés Manuel llegue al poder no hará lo que promete tanto en la arenga pública, como en las entrevistas de banqueta. Lo cierto es que los empresarios deben estar viendo con profunda preocupación las ideas de AMLO por todo lo que significan para el país.
El candidato ha intentado transmitir la idea de que hay una minoría de empresarios que maneja el poder y que se beneficia de la corrupción. Por ejemplo, en la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, da por hecho que los contratos asignados fueron objeto de corrupción, sin tener otro elemento que el prejuicio, y por lo tanto, afi rma que él habrá de cancelar esa obra.
En días pasados, el candidato López Obrador ha ido más allá: utilizando la plaza pública, ha denunciado que un grupo de destacados empresarios actúa para unificar a los principales candidatos opositores en su contra, señalamiento que ya ha sido desmentido. Por otro lado, en la reunión nacional de la CIRT, acusó a esos empresarios de haber participado en el fraude electoral y de ser quienes fi nancian los mensajes en su contra sin dar la cara. “No quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. Se sienten los dueños de México”, sentenció.
La idea de una conspiración de grandes empresarios no se sostiene; ellos actúan en política a través de medios legales y legítimos. Las expresiones de López Obrador son una provocación y un exceso. De los empresarios ha habido más que comedimiento. Lo que sí es real es que a muchas personas nos inquieta la postura estatista del candidato, contraria a la inversión privada y esencialmente antiliberal. Los llamados de López Obrador de que no habrá persecución están fuera de lugar; no es la razón del rechazo, la causa es su visión de la economía y de la empresa privada. En todo caso, si hay irregularidad en la asignación de contratos debe aplicarse la ley y no insinuar perdón y olvido a discreción del presidente. Justo para evitar eso se instituyó la figura de la Fiscalía General de la República.
Los empresarios tienen legítimo derecho a participar políticamente y a ejercer su libertad de expresión a partir de lo que, desde su perspectiva, es lo mejor para México. Resulta fundamental señalar que 9 de 10 empleos formales los genera el sector privado. Regresar al estatismo más que inconveniente sería desastroso. Por eso es que urge insistir que los avances alcanzados no se deben revertir; el simple intento generaría incertidumbre grave en la economía nacional, como ya se empieza a reflejar en los indicadores económicos.
La idea de regalar dinero con subsidios indiscriminados genera votos, pero las fi nanzas nacionales no lo resisten. Prometer inversiones, becas, beneficios indiscriminados, precios de garantía a productos, aumentar sueldos, quitar exámenes de selección y promoción a maestros, congelar los precios de energéticos y toda la serie de propuestas sin fundamento provoca que los electores se regocijen con un futuro imposible. Las amas de casa, expertas en el manejo de las fi nanzas del día a día, saben que ese escenario no existe, por eso en ese segmento la arenga populista de López Obrador no tiene éxito. Tampoco, seguramente, en muchos empresarios que entienden que gasto que no se soporta con ingreso es camino seguro al peor de los infiernos.
El tema económico de AMLO afecta la iniciativa empresarial y pone en riesgo la economía nacional, los empleos, los ingresos y el bienestar de los hogares.
Los empresarios tienen el legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión