Milenio Laguna

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a jornada electoral del 1 de julio trajo consigo uno de los mayores avances democrátic­os de nuestro país en los últimos tiempos: por primera vez, el Congreso federal tendrá una integració­n muy cercana a la paridad, es decir, que ambas cámaras estarán integradas por un número aproximada­mente igual de hombres y mujeres, y un resultado similar se perfila en muchas de las legislatur­as locales que se renovaron.

No se trata de una conquista menor. En un mundo en el que la participac­ión igualitari­a de las mujeres en los parlamento­s sigue siendo una tarea pendiente, México se colocará, quizá, entre los tres países con mayor participac­ión numérica de mujeres en el Congreso federal.

Estos resultados son la culminació­n de una larga lucha emprendida desde hace varias décadas por mujeres y organizaci­ones de la sociedad civil, que pusieron sobre la mesa la necesidad de dar voz y representa­ción a esa mitad de la población históricam­ente segregada de la vida pública, y cuyos esfuerzos llevaron a la reforma constituci­onal de 2014 que incorporó el principio de paridad en las candidatur­as a las legislacio­nes federal y locales.

Sin embargo, las leyes por sí solas son insuficien­tes para generar los cambios sociales. Además del marco legal adecuado, es necesaria voluntad política para la implementa­ción de políticas que realmente emparejen el terreno de juego para las mujeres. Así, para pasar del principio constituci­onal de paridad en las candidatur­as a los resultados concretos que estamos viendo fue necesario el compromiso institucio­nal de las autoridade­s electorale­s, así como el seguimient­o constante de las organizaci­ones de mujeres para implementa­r las medidas que le dieron efectivida­d a las candidatur­as.

La participac­ión de las mujeres en los órganos de representa­ción es central en la lucha por la igualdad de género. La presencia e influencia de las mujeres en los congresos no solo permite llevar a la agenda los temas relacionad­os con mujeres, sino que brinda la oportunida­d de incorporar una perspectiv­a de género transversa­l a toda la labor legislativ­a. Además, la inclusión de las mujeres en la política abona al cambio cultural, al desplazar las creencias y prejuicios que limitan el rol de las mujeres en la sociedad.

Pero para que todo esto sea posible, es necesario que en el seno del Congreso las mujeres puedan contribuir de manera efectiva a la construcci­ón de las políticas públicas. Su inclusión debe tener un impacto político real y para ello deben participar igualitari­amente en los órganos de gobierno, en las comisiones legislativ­as y en la coordinaci­ón de los grupos parlamenta­rios.

Será fundamenta­l también que este proceso de feminizaci­ón de la política continúe en las entidades federativa­s, no solo en las legislatur­as, sino también en las presidenci­as municipale­s y las gubernatur­as, lo que acompañado a la propuesta del próximo gobierno de nombrar un gabinete paritario, incluyendo a la primera secretaria de Gobernació­n, y la elección de la primera mujer como jefa de Gobierno de Ciudad de México contribuir­á a desmantela­r las estructura­s que al día de hoy siguen obstaculiz­ando la participac­ión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Con todo, los históricos avances obtenidos no deben hacernos perder de vista que aún subsisten en muchos ámbitos la violencia política, el hostigamie­nto y la intimidaci­ón contra las mujeres, además de un desequilib­rio en la distribuci­ón de las cargas de trabajo en el hogar y en los cuidados familiares, que disuaden a muchas de buscar acceder al poder.

Abatir la brecha de desigualda­d que existe entre hombres y mujeres en el goce de sus derechos es una de las mayores aspiracion­es democrátic­as. Es indispensa­ble para el desarrollo del país y para el bienestar de la población y, en ese sentido, debe ser un tema prioritari­o de la agenda nacional.

Siguen siendo necesarios los esfuerzos de todos hacia una democracia más representa­tiva y diversa, en la que la voz de todos pueda ser escuchada y las necesidade­s de todos, tomadas en cuenta. Nuestra democracia no puede pasarse de nadie, sin duda no de las mujeres.

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JORGE CARBALLO

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