Criminalización de la legítima defensa
n México de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 66 de cada 100 han vivido al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor: 44 por ciento ocurrió en sus hogares y 35 por ciento en espacios públicos o comunitarios, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
Pero quienes logran defenderse de una agresión y en consecuencia hieren o asesinan a su agresor se enfrentan a un sistema de justicia que lejos de considerarlas víctimas las criminaliza y no toma en cuenta los contextos de violencia que viven.
En México, el sistema penitenciario carece de estadísticas actualizadas sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida cuando se encontraban en una situación de violencia extrema, por lo cual el alcance de la criminalización que viven estas mujeres queda invisibilizado y obstaculiza su acceso a la justicia.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH), Karla Micheel Salas Ramírez, explicó que al no tener un debido proceso las mujeres en esta situación son injustamente sentenciadas bajo los delitos de homicidio o lesiones, lo que las lleva a recibir condenas de hasta 60 años de prisión.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia en 2015, de cada 100 mujeres procesadas o imputadas que se registraron por causas penales, poco menos de 15 lo está por delitos de lesiones (causar una o varias heridas a una persona) en comparación con los hombres en la misma situación quienes llegaron a nueve casos.
Si las mujeres se defienden de un agresor no deben ser procesadas ni sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la “legítima defensa”, pues no agredieron o asesinaron a sus agresores porque sí, reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba, afirmó la abogada Salas Ramírez.
En la realidad no sucede así, cuando ellas argumentan esta figura jurídica sus acciones no son totalmente válidas debido a los estereotipos sexistas, por lo que pasan de ser víctimas a victimarias.
Ellas deben convencer a quienes procuran la justicia que actuaron para defender su vida, se les exigen todas las pruebas que así lo demuestren y de no hacerlo, se enfrentan a procesos largos y reciben penalidades más altas. “Existe un sesgo en la manera de juzgar a mujeres y hombres por los mismos delitos pues prevalecen criterios machistas”, sostuvo la abogada.
Estos casos deben ser evaluados a partir de las circunstancias específicas de los hechos y con perspectiva de género con el fin de determinar, a través del contexto, si estas mujeres actuaron o no en legítima defensa.
En suma, acotó, las mujeres que son agredidas y se defienden tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar encarceladas.
Recordó el caso de dos mujeres, quienes en un contexto de violencia asesinaron a sus parejas para proteger a sus hijos, y llevan nueve y cuatro años en prisión preventiva (sin ser sentenciadas) bajo el delito de homicidio, “si éstas ya hubieran recibido la resolución de su sentencia podrían haber solicitado alguna medida de preliberación”.
Doblemente violentadas
Para la abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alicia Elena Pérez Duarte en los casos donde el agresor queda con vida, la situación de las mujeres se agrava, ya que son reiteradamente violentadas al tener que enfrentar a su agresor en los juicios, además de quedar expuestas a procesos más largos.
Para las autoridades el veredicto del agresor, los signos de violencia que este presente y el arma son pruebas suficientes para que las mujeres puedan ser condenadas, pues dijo que en la lógica machista de las y los operadores “las mujeres que matan” son culpables.
Un ejemplo de estas prácticas son los casos de Yakiri Rubí Rubio Aupart e Itzel, ambas víctimas de violencia sexual que se defendieron de sus agresores y estos murieron como consecuencia de las lesiones provocadas, pero que gracias a la presión mediática, no fueron sentenciadas.
Yakiri
En 2013, Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven de 20 años, fue secuestrada por dos hombres que la condujeron a un hotel para violentarla sexualmente. Después de agredirla, uno de ellos intentó asesinarla, ella se defendió y lo hirió de gravedad, lo que provocó su muerte minutos más tarde.
En la agencia 50 de la Procuraduría capitalina, Yakiri presentó una denuncia por violación, pero ya había sido acusada por el hermano de su agresor de haberlo asesinado, por lo cual pasó de ser víctima a victimaria, por lo que estuvo recluida un año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla, y después en Tepepan, al sur de Ciudad de México. Gracias a la presión mediática del caso, en 2015 fue absuelta del delito de homicidio.
Itzel
En 2017, Itzel, de 15 años, fue violada por Miguel Ángel Pérez Alvarado en la vía pública, cerca del Metro Taxqueña. Ella se defendió y lo mató.
La Procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación por homicidio y no por violación sexual, no le brindó atención como víctima, incumplió el protocolo de atención a víctimas sexuales, violó su debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
La presión mediática llevó a la Procuraduría a declarar que “la víctima quedaba libre de responsabilidad” porque “actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
Necesario, sensibilizar
Las abogadas Salas Ramírez y Pérez Duarte coincidieron en que para que las mujeres que se defienden de sus agresores obtengan justicia y dejen de ser criminalizadas, debe haber un cambio en la mirada de quienes imparten justicia, pues la falta de sensibilización les niega un debido proceso y acceder a la justicia.
Existe toda una normativa que protege los derechos humanos de las mujeres por lo que es necesario que quienes se encargan de aplicar la ley realmente lo hagan desde una perspectiva de género y sin prejuicios sexistas.
Destacaron que es importante visibilizar estos casos y reconocer que las mujeres tienen derecho a defender su vida, así como los contextos de violencia que viven.
Reiteraron la falta de estadísticas que dimensionen la gravedad de la situación y señalaron que solo por medio de la documentación individual de los casos se puede llegar a una aproximación de la cantidad de mujeres encarceladas por esta causa.