Golpe a los congresos locales
Con la perversa intención de dotar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y recortar las facultades del Legislativo, algunos gobernadores que no ven con buenos ojos tener contrapeso en sus congresos locales están operando para dar golpes que derriben de un plumazo la división de poderes estipulada en sus constituciones. También han adelantado nombramientos que los blindan a capa y espada. Al congreso de Sonora, integrado todavía por una mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, llegó con prisa y presión para ser aprobada una iniciativa de veto constitucional que tenía como finalidad beneficiar decisiones del Ejecutivo en materia presupuestal, seguramente con la intención de que, iniciada la siguiente legislatura, el nuevo Congreso tuviera candados para operar acciones de austeridad presupuestaria. Además, dicha iniciativa contemplaba reducir las ya pocas facultades de los y las presidentes municipales sonorenses, que con el último resultado electoral son en su mayoría de Morena. Después de una nutrida protesta ciudadana contra esta intentona, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano negó haber sido artífice de la iniciativa y hasta llamó a los legisladores de su partido a ignorar la sospechosa propuesta que le otorgaba privilegios legislativos. ¿Si ella era la beneficiaria y no fue la promotora del golpe, quiénes son los terceros interesados?
Morelos no corrió con la misma suerte que Sonora. Ahí el todavía gobernador Graco Ramírez impulsó una reforma a la Constitución del estado con la que ratifican otros ocho años en el cargo al fiscal general del Morelos, Uriel Carmona Gándara, y le otorgan facultades para que nombre al próximo fiscal Anticorrupción, con la tarea de investigar a Graco Ramírez. La misma jugada se aplicó en el estado de Veracruz. Marcos Torres, recientemente nombrado fiscal general, tiene la empresa de investigar a Miguel Ángel Yunes y a su vez guardarle lealtad eterna. Favor con favor se pagará.
Para los poblanos el panorama anticorrupción tampoco parece ser prometedor. Antonio Gali se ha blindado y con ello a su antecesor Moreno Valle y a su esposa, la próxima gobernadora, Martha Erika Alonso. Aprovechando la mayoría que perderán en próximos días, los legisladores del Congreso poblano designaron como magistrados del Tribunal Superior Justicia del Estado a José Montiel Rodríguez, ex subsecretario jurídico de la secretaría general de Gobierno (SGG), y a Ignacio Galván Centeno, esposo de Arely Sánchez Negrete, secretaria de Salud.
Los que nada deben nada temen. Aquí parece que la historia es otra. ¿Del tamaño del blindaje será el sablazo?