El año pasado se alcanzó un récord de denuncias por estos casos: 5 mil 426
de personas no localizadas”, a quienes definió como alguien cuyo paradero se desconoce, por lo cual se denuncia ante la autoridad.
Entre las posibles causas de las desapariciones incluyó la ausencia voluntaria, problemas domésticos, la privación ilegal de la libertad, la migración nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, fallecimiento o por ser víctima de algún delito.
Al corte de noviembre de 2017, las entidades en su conjunto reportaron al SNSP —encargado de entregarles los subsidios federales para seguridad— que había en el país 35 mil 102 personas reportadas como no localizadas.
En abril de 2018, el último corte del Renped, la cifra llegó a 37 mil 435, al sumar los 36 mil 265 casos denunciados ante las procuradurías y fiscalías estatales y los mil 170 ante la PGR.
Para atender el tema de la desaparición de personas, se creó un programa con prioridad nacional, de manera que los gobiernos estatales utilizaran parte de los subsidios federales de seguridad en crear instancias responsables de la búsqueda de personas, para lo cual solo en 2017 se destinaron 25 millones de pesos.
Al recibir los subsidios federales para seguridad, los gobiernos estatales están obligados a informar del destino que se dio a los recursos y también del cumplimiento de metas.
En ese rubro, 12 entidades reportaron haber abierto una carpeta de investigación por cada denuncia de desaparición, aunque otras 14 ni siquiera abrieron un expediente por cada reporte de no localización de una persona, en tanto que Baja California y Sonora no proporcionaron información.