La deuda eterna
Imposible pasar página a la deuda impuesta por los Moreira a varias generaciones de coahuilenses. No, mientras se ignore el destino de más de 36 mil millones de pesos entregados al gobierno por una banca cómplice y usurera sin respeto a las normas; no, mientras los responsables del desfalco sigan libres y ostenten vida de ricachos; no, mientras sus secuaces sean hoy prósperos inversionistas en bienes inmuebles; no, mientras el colapso del sistema sanitario cauce más muertes. Y no, mientras los ciudadanos tengan memoria.
La administración inició un nuevo proceso para reestructurar los pasivos, en “busca (de) mayor liquidez para fortalecer obras, programas y seguridad pública”, dice en un comunicado. Sería la tercera renegociación. La primera correspondió, en medio de la crisis, al gobernador interino Jorge Torres, y la segunda a Rubén Moreira, solo para ahondarla aún más. La reestructura, hasta por 37 mil millones de pesos, la aprobó la pasada legislatura bajo el decreto 958, el 22 de septiembre de 2017.
El monto actualizado de la deuda asciende a 36 mil 121 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Es prácticamente la misma de hace ocho años, cuando Humberto Moreira ya había dejado el gobierno y despachaba como presidente del PRI. Su hermano y sucesor, Rubén, contrató nuevos créditos. En ese lapso se han pagado más de 20 mil millones de pesos de intereses. ¿Dónde está el beneficio para el estado? No lo hay, pero en cambio existen nuevos ricos.
El proceso de reestructuración culminará en noviembre y el resultado podría ser el plato fuerte del primer informe del gobernador Miguel Riquelme, pero aún no es seguro. Su aprobación dependerá de una “mejora sustancial” en el servicio de la deuda, la cual se garantizará con el 94.23% del Fondo General de Participaciones, sin comprometer el 25% del (IEPS) del diésel y la gasolina.
Los plazos para amortizar los créditos se amplían en cada renegociación. Si la tercera reestructura se formaliza y no hubiera otra, Coahuila terminaría de pagar los 36 mil millones de pesos y su servicio hasta el año 2048. Una eternidad y una injusticia enorme e inaceptable. Mientras tanto, el Sistema Estatal Anticorrupción, cuya raíz es moreirista ( la Iglesia en manos de Lutero), sigue sin decir esta boca es mía.