Marina abre instalación a civiles en Tamaulipas
Familiares y PGR inspeccionan base en Nuevo Laredo para esclarecer paradero de 36 desaparecidos
Por primera vez se realizaron diligencias en una Base de Operaciones de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, encaminadas a esclarecer el paradero de 36 personas desaparecidas entre febrero y mayo de este año en esa entidad.
Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Desaparición Forzada y también participaron familiares de las víctimas.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que, acompañados de efectivos del Ejército mexicano, Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, el personal de esa fiscalía ingresó a la bodega habilitada como base de operaciones en Arteaga y Leona Vicario, colonia Victoria de Nuevo Laredo.
Durante las diligencias, familiares de personas desaparecidas estuvieron presentes, debido a la impugnación ante un juez de control en Reynosa, Tamaulipas, realizada por los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante la negativa de la Fiscalía Especializada para permitirles el ingreso, la cual argumentó que “medidas de seguridad” del personal de la Marina.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, indicó que estas diligencias llegan por lo menos cuatro meses tarde, debido a que el personal de la PGR en Tamaulipas no inspeccionó en las bases de la Marina cuando lo demandaron los familiares de las víctimas.
En mayo pasado, más de 150 familiares de desaparecidos bloquearon en ambos sentidos el acceso al Puente Internacional III de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en demanda de atención de las autoridades federales por la desaparición de más de 43 personas en la entidad y los límites con Nuevo León.
Los familiares de los desaparecidos culparon a elementos de la Marina tras asegurar que el paradero de sus parientes se desconoce desde que los marinos realizan operativos en la región.
El 30 de mayo de 2018, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra´Ad Al Hussein, denunció que en Nuevo Laredo se presenta una “ola de desapariciones forzadas” y existen “fuertes indicios que habrían sido cometidas por fuerzas federales de seguridad”. Por lo que exhortó a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a estos crímenes
Así, el pasado 6 de junio, Jan Jarab representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y dos oficiales más realizaron una misión de trabajo a esa ciudad ante la crisis que desde febrero de este año se presenta en la región, donde ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en ese municipio entre febrero y el 16 de mayo de este año.
Ahí participaron en una mesa de trabajo con autoridades y familiares de víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales en la localidad, a fin de alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones ante la grave situación que se vive en la localidad.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de hasta 37 casos y una organización local reportó al menos 40 en el mismo periodo.
El 21 de junio, el activista Raymundo Ramos denunció, en conferencia de prensa en Ciudad de México que él y su familia eran víctimas de amenazas por colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Además, dio a conocer que la cifra de éstos había aumentado a 51, en esa ocasión recibió el apoyo de ONU-DH, Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad sin Guerra.
La apertura de las instalaciones de las fuerzas armadas para diligencias en búsqueda de desaparecidos, ya se han realizado; por ejemplo, en el caso de los 43 normalistas, Virgilio Hernández, subdirector de Asuntos Internacionales de la dirección de Derechos Humanos, informó que “el Ministerio Público del fuero común de Guerrero, peritos y civiles ingresaron a las instalaciones del 27 batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde constataron de manera muy clara y contundente que dentro no se encontraba ninguna persona civil detenida ni retenida” .