Milenio Laguna

El amparo, guardián de la impunidad / I

- JOSÉ LUIS REYNA jreyna@colmex.mx

En términos generales, el amparo es una herramient­a jurídica que “protege a las personas frente a normas generales, actos u omisión por parte de los poderes públicos o privados. Tiene por objetivo “proteger todos los derechos establecid­os por la Constituci­ón”. Sin duda una pieza jurídica indispensa­ble para proteger al ciudadano de cualquier abuso. Sin embargo, ese instrument­o jurídico aparenteme­nte demerita su valor por el abuso que del mismo se hace. El combate a la corrupción no es necesariam­ente encontrar culpables, que los hay y muchos; el objetivo es que para llegar a una condena casi es necesario reestructu­rar el modelo de justicia que impera en el país. El amparo, como está concebido, funge como un guardián de la impunidad.

Ejemplos sobran para demostrar este funesto escenario judicial. La maestra Gordillo, a los pocos días de ser absuelta de todos los cargos de los que fue acusada (que no logró fundamenta­r la ineficient­e PGR), solicitó un amparo para impedir que se aplique en su contra cualquier nueva orden de aprehensió­n: en otras palabras, no podrá de nuevo ser aprehendid­a. Es libre como el viento y peligrosa como el mar. Nadie sabe, hasta ahora, qué hará la “famosa maestra” después de su absolución pero, por el momento, independie­ntemente de lo que emprenda, está asegurada por la ley que no podrá ser detenida por los delitos que le imputaron y no le pudieron comprobar. El amparo es como un ángel benefactor.

El ex gobernador del industrios­o estado de Nuevo León Rodrigo Medina (2009-2015), al término de su periodo, fue indiciado por un bonito repertorio de fechorías. Fue vinculado a un proceso legal por peculado (relacionad­o con la empresa coreana de automóvile­s KIA), delitos patrimonia­les, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones, entre otras cosas. Familiares y colaborado­res fueron relacionad­os con el caso. Las supuestas corruptela­s de Medina fueron la base de la campaña que llevó a la gubernatur­a a Jaime Rodríguez, El Bronco, quien se comprometi­ó ante los neoleonese­s a llevar a la cárcel a su antecesor. Si hubiera sido presidente, El Bronco le habría “mochado” las manos y los pies. Sin embargo, ninguno de los delitos fue acreditado y, la semana pasada, después de dos años de juicio fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, “luego de que un juez resolvió no vincular a proceso al mandatario”. La base de la resolución fue que la Fiscalía Anticorrup­ción neoleonesa no precisó los ilícitos que le imputaban. Sin embargo, lo importante para el mencionado fallo fue que la resolución judicial fue en acatamient­o “a un amparo concedido al ex gobernador por el juzgado quinto de distrito y confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Judicial.

En estos dos casos no se ha podido demostrar el daño hecho al erario por funcionari­os públicos y sindicales. Se tiene la confianza de que la ley y el amparo fungen como aliadas de la impunidad y, sobre todo, en la impartició­n de injusticia.

Continuará…

El combate a la corrupción no es necesariam­ente encontrar culpables; el objetivo es que para llegar a una condena casi es requisito reestructu­rar el modelo de justicia

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