Admite el gobierno retroceso en tasa de homicidios dolosos
Ingreso de armas de alto poder y un diseño legal del siglo XX, los factores de incidencia
EIgnacio Alzaga, Lorena López y Carolina Rivera/ l gobierno federal admitió que la estrategia de seguridad tuvo un retroceso en el rubro de homicidios dolosos, los cuales aumentaron y se ubicaron en niveles del sexenio pasado.
De acuerdo con el sexto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes fue de 18.3 en 2012, y de 20.5 en 2017.
La actual administración se propuso bajar estos homicidios y, lejos de ello, está cerca de duplicarlos. La tasa hasta junio pasado asciende a 11 por cada 100 mil habitantes y se acerca a la meta sexenal de 12.8. Sin embargo, aún falta contabilizar la mitad del año.
Al precisar que la mitad de los asesinatos están vinculados con delitos del fuero común, Presidencia negó que exista “una crisis generalizada”, pues los hechos de violencia están focalizados, particularmente en los cruces fronterizos con Estados Unidos.
Explicó que son varios factores los que incidieron en esta situación, como que México está haciendo frente al crimen organizado con un diseño legal e institucional que data del siglo XX y, en consecuencia, no responde a las realidades del siglo XXI. “Los resultados de la estrategia de seguridad son diferenciados. Si bien predominan los resultados positivos en los delitos de alto impacto, también hay algunos rubros con bajo avance, o incluso con retroceso. Detrás del incremento de los homicidios dolosos hay causas externas e internas”, señala el documento.
A nivel externo, indicó, han influido los cambios en las dinámicas de los mercados ilícitos transnacionales, en los que destaca el aumento de la demanda de drogas en EU, especialmente de opiáceos, además del creciente flujo ilícito de dinero y de armas desde esa nación hacia México. “Uno de los principales detonadores de la violencia regional es precisamente el ingreso a nuestro territorio de armas de alto poder”, puntualizó.
Consideró que en el ámbito interno la mayor incidencia de asesinatos se explica porque prevalece una enorme disparidad entre las capacidades de las instituciones federales y locales, a pesar del gran esfuerzo para impulsar la profesionalización de estas últimas. “Esto es importante porque, actualmente, la mitad de los homicidios están relacionados con delitos del fuero común, como secuestro, robo o pandillerismo”. “El Ejecutivo federal propuso —en diciembre de 2014— la adopción de policías estatales únicas como la mejor vía para contar con policías profesionales, confiables y eficaces.
“En otras palabras, esta iniciativa busca transitar de más de mil 800 cuerpos policiacos — que son los que actualmente operan en el país— a 32 corporaciones estatales únicas”, indicó.
Expuso que si bien durante los primeros cuatro años de gobierno se logró reducir los índices delictivos, gracias a la coordinación interinstitucional y al uso de inteligencia, “en los últimos dos años dichos índices han recuperado los niveles del sexenio pasado”.
Recursos humanos
El Informe precisa que en 2012 había 52 mil 35 policías federales, cifra que fue incrementándose hasta llegar a 55 mil 855 en 2015; a partir de ese año fue descendiendo cada año hasta llegar a 53 mil 121 hasta junio pasado.
En cuanto a los delitos denunciados en el fuero federal, el gobierno inició en 2012 con 125 mil 328, pero disminuyeron año con año hasta llegar a 56 mil 621; asimismo, durante el sexenio desaparecieron 77 centros penitenciarios.
Los datos de 2017 reflejan una baja considerable de las averiguaciones previas, debido a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en junio de 2016, con 42 mil 643; un año antes hubo 76 mil 141.
Sin embargo, 76 mil 762 regresaron a los juzgados por falta de elementos. Con el nuevo sistema de justicia, de las 98 mil 381 carpetas de investigación que se abrieron en 2017, solo 15 por ciento se judicializó (14 mil 929).
La tendencia se mantuvo durante los primeros seis meses de este año, cuando de las 29 mil 608 carpetas abiertas, solo 8 mil 479 resultaron en el ejercicio de una acción penal.