“Atención integral” a los desplazados, pide CNDH
Ante severa crisis de derechos humanos en México, urge concretar nuevo paquete de reformas, señalan Aministía Internacional y ONU
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó al Senado una iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, para tener un registro en el país en ese sentido y que sean atendidos por la Ley de Víctimas, con la cual tipifica hasta con 12 años de cárcel a quienes provoquen esa situación.
En plena austeridad, la CNDH propone que se dé a desplazados “un adecuado nivel de vida” mientras dure su situación, que implique el disfrute y libre acceso de alimentos adecuados y suficientes, alojamiento digno, vestido, servicios médicos y de saneamiento esenciales, junto con acceso a instituciones educativas de manera gratuita, además de hacer acciones para que las familias puedan reunificarse.
Respecto a sus bienes se propone protegerlos, de lo contrario el Estado deberá restituirlos o proceder a la indemnización.
Además se plantea que la autoridad esté obligada a prevenir el desplazamiento interno o deberá restituirlos o indemnizarlos.
En la iniciativa entregada por el ombudsman Luis Raúl González Pérez a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López, se establece que el eje central de la propuesta es:
La prevención de los desplazamientos forzados, la protección y asistencia de personas en esa condición y las medidas encaminadas a lograr soluciones verdaderas a la problemática.
Tendrán derecho a recibir de las autoridades las medidas de ayuda inmediata, atención y asistencia previstas en la Ley General de Víctimas y en ordenamientos jurídicos, sin que puedan ser negadas, suspendidas o finalizadas.
En entrevista, González Pérez destacó que no hay un número específico de desplazados, pero hay pueblos enteros vacíos por la violencia.
Fiscalía general
En tanto, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional demandaron al Senado concretar un nuevo paquete de reformas, al advertir que México atraviesa por una severa crisis de derechos humanos y debe contar con una auténtica fiscalía general autónoma. “Más allá de establecer estructuras burocráticas es indispensable que México cuente con una fiscalía verdaderamente autónoma, que genere certidumbre y confianza en su desempeño mediante el desarrollo de investigaciones confiables, integrales y debidas”, afirmó el ombudsman.
Al advertir que de no atender esos puntos se condena al fracaso cualquier estrategia para abatir la inseguridad, la violencia y la impunidad”.
Ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
“Necesario crear una institución nacional forense de carácter autónomo”, destacan
la panista Kenia López, así como especialistas, colectivos de víctimas y ONG, González Pérez señaló que la existencia de una fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una efectiva división de poderes, así como de los organismos autónomos vinculados a la protección de los derechos humanos “son la mejor garantía de que México no tenga otro 2 de octubre”.
A su vez, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, instó al Senado a desahogar una nueva agenda de reformas, como emitir un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza, crear un registro único de detenciones que documente toda privación de libertad, así como eliminar la figura del arraigo, cuyo dictamen ya fue enviado a la Cámara de Diputados.
Llamó a crear una institución nacional forense, de carácter autónomo y profesional”, entre otros ordenamientos.
Por su parte, la directora en México de Amnistía Internacional, Tania Renault, puntualizó que es necesario fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.