“En San Andrés Tuxtla, duartismo en chiquito”

Rafael Montes/

En San Andrés Tuxtla hubo un “duartismo en chiquito”, acusa Octavio Pérez Garay, actual alcalde de ese municipio veracruzano, que de 2016 a 2017 repitió como uno de los más señalados por presuntos saqueos de las arcas públicas, cuando el edil era el priista Manuel Rosendo Pelayo.

Tras la revisión de la Cuenta Pública 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) presentó una denuncia penal porque el alcalde no pudo comprobar el uso de 16 millones 664 mil pesos en la compra e instalación de luminarias. A ésta se suman ocho denuncias presentadas por el actual alcalde por diferentes irregularidades.

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, la del último año de gestión de Rosendo Pelayo, el Orfis encontró también un presunto daño patrimonial por más de 56 millones de pesos, principalmente por obras de drenaje mal hechas.

“Yo creo que es un pequeño Javier Duarte. Se dieron las prácticas tal cual como las han denunciado las autoridades: empresas fantasma, compras fraudulentas, obra pública reportada como terminada que no lo está y muchos lujos y excesos por parte de los funcionarios municipales”, afirma el actual presidente.

A principios de enero de 2018, cuando Octavio Pérez asumió el cargo, se encontró con que el probable saqueo del alcalde anterior fue de tal magnitud que no tenían ni para pagar la nómina de la primera quincena. Recortaron gastos y salarios a la mitad y el personal sindicalizado aceptó desistirse de recibir prestaciones adicionales durante un año.

Estaban “en quiebra total”, pues además del presunto saqueo señalado por el Orfis, el municipio enfrentaba también múltiples deudas heredadas, que el actual alcalde calcula en aproximadamente 100 millones de pesos, a proveedores, a pensionados, a Hacienda... “Estamos hablando que 50 por ciento del dinero que tenemos para operar lo tenemos comprometido. No teníamos maquinaria, equipo, vehículos utilitarios; de las más de 25 patrullas enlistadas en inventario, funcionando únicamente seis. La ambulancia, totalmente en desuso”, detalla.

Al convocar a los proveedores a las que se les debía para negociar la deuda, el alcalde descubrió que al menos 20 empresas no respondieron ni había datos para su localización. Supuestamente se les debían 25 millones de pesos.

También se le debían dos millones de pesos a Liconsa por la impresión de 600 envases de leche con el logotipo de la administración del ex alcalde.

Pérez Garay asegura que tuvo que recurrir a una colecta ciudadana para sacar adelante al municipio.

Consultado al respecto, el ex presidente municipal asegura que no hay tal daño patrimonial, pues tanto las luminarias como las obras están a la vista y que todos los señalamientos están en proceso, por lo que se reservaría dar más información.