Amparo indirecto contra inspección
Tiene razón Julio F. Smithers J., presidente de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados, de que “nunca hemos fijado una postura”, ni él en lo personal, respecto a lo que comenté aquí ayer sobre la decisión del almirante en retiro Juan Ramón Alcalá, administrador central de Operación Aduanera de la Administración General de Aduanas, de inspeccionar la mercancía que está en recintos fiscalizados, facultad de la Secretaría de Hacienda.
Enunacarta-desmentidoagregóquelaAnfacse“ha caracterizado por coadyuvar y respetar las decisiones de la autoridad aduanera y de ninguna manera en los más de 25 años que tiene, se ha manifestado de tal forma. Solicito de la manera más atenta se publique la presente nota aclaratoria, ya que no va con los principiosdelaasociación,asociadosydemanerapersonal”.
Escribí que las empresas quejosas por este hecho son Aerovías de México y Almacenes Fiscalizados. Ambas son asociadas de la Anafac y están cabildeando con otros integrantes para fijar posición conjunta. Por lo pronto analizan interponer un amparo indirecto “por actividad administrativa irregular” del ex almirante o un juicio de nulidad para suspender las acciones, que llevaría más tiempo. Estas empresas encabezan la oposición a militarizar las aduanas que, como escribí, es estrategia de Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT.
La Sedena sugirió, a pregunta de la funcionaria, que las aduanas factibles para que “personal militar ocupe cargos para inhibir las actividades de corrupción” son Mexicali, Tecate, Tijuana, Ciudad Acuña, Piedras Negras,CiudadJuárez,Chihuahua,Ojinaga,PuertoPalomas,Nogales,SanLuisRíoColorado,Altamira,Ciudad Camargo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Colombia y Veracruz. En total 22.
Cuarto de junto
El 12 de junio le comenté sobre el proyecto de Minera Gorrión en Puebla y de las presiones para frenar la evaluación de impacto ambiental, en donde figuraba Martha Morales, funcionaria de Semarnat. Pues ya no está al frente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia; durante la reunión pública para hablar del proyecto ella participó y llamó la atención a grupos que manifestaron su apoyo (cuatro ponencias), pero no dijo nada de las 18 ponencias que fueron en contra de la minera. Su actuación fue parcial.
La asociación de almacenes fiscalizados dice que nunca ha fijado una postura