Impugna CNDH otras dos leyes de Guardia Nacional
Marco jurídico. La comisión lleva a la Corte su queja contra las normas sobre detención de criminales y uso de la fuerza
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de otras dos acciones de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la Guardia Nacional.
Los recursos buscan invalidar las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, y se suman a las impugnaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.
“La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación”.
En un comunicado, el organismo informó que busca que el marco jurídico que debe regir la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.
“Para esta comisión, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de esos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la Suprema Corte debe pronunciarse”.
Asimismo, sostuvo que no impugnó las leyes en su totalidad; además de señalar omisiones legislativas presentó argumentos sobre partes muy específicas de esas leyes con la finalidad de que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos, como los que se enlistan:
Detalló que la facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.
Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos , así como la prohibición de injerencias arbitrarias.
La posibilidad de usar armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, vulneran los