“La discrecionalidad abre la puerta a las malas prácticas y a la opacidad”
Durante los primeros siete meses de esta administración se ha hablado continuamente de austeridad. La austeridad en el gasto público es deseable. Terminar con el dispendio, desaparecer gastos duplicados, acabar con asignaciones directa s con costos por arriba de mercado cuando las licitaciones son posibles y asignar cada peso de acuerdo a su rendimiento económico y social debería dese runa meta de cualquier gobierno. Los recursos públicos son escasos y su asignación debería de ser la mejor posible. La persecución de la austeridad con
sentido de eficiencia me parece loable. La fachada de austeridad no.
Tanto se ha hablado del tema que parece que no hay recursos. Las dependencias se quejan del desastre que se les dejó y de que el dinero no les alcanza ni para pagarla luz. Cuando se presentó el presupuesto para 2019 a finales del año pasado, la opinión de los analistas fue positiva, se apreció la responsabilidad fiscal y el respeto a los equilibrios macroeconómicos. Se observaba n los grandes números y al no verse un incrementosustancial en el gasto aprobado, ni en la deuda, ni en el déficit, se aplaudieron las cuentas.
Algunos números para poner las cosas en contexto. De acuerdo con la cuenta pública, en 2018 se gastaron 5 billones 611 mil 559 millones de pesos. Cada año se gasta más que el anterior (con la excepción de 2017) y usualmente se ejerce más de lo aprobado. Para 2019, el Congreso aprobó un presupuesto de 5 billones 838 mil 060 millones de pesos en términos nominales, un incremento de 4% respecto a lo gastado en años previos que mantiene el gasto prácticamente constante en términos reales.
Los grandes números ahí están, pero al analizar el presupuesto con mayor detalle se observa que las piezas se reacomodaron dentro de ese conjunto de 5.8 billones de pesos. Algunas dependencias observaron un recorte de más del 50% en relación a lo ejercido durante 2018, como Hacienda, Comunicaciones y Transportes y la Función Pública. En el caso de la CRE y la CNH la disminución frente a lo gastado en 2018 rebasó el 75%. A otras, por el contrario, se les asignaron más recursos, como es el caso de la Secretaría de Defensa, la del Bienestar, la de Trabajo y Previsión Social y la de Energía. Viendo los grandes números, más que recortes hubo reasignación de acuerdo a las prioridades de esta administración.
Como parte de los cambios a las leyes derivadas del compromiso con la austeridad, se propone adicionar al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que estipula que el Ejecutivo podrá disponer, por decreto, de los ahorros generados.
El arranque de cada sexenio es lento en términos de ejecución del gasto. Sin embargo, valdría la pena dilucidar si los subejercicios que se observan al día de hoy se deben a esta curva de aprendizaje o más bien responden a la señal presidencial que confunde subejercicio con ahorro para otorgarle posiblemente miles de millones de pesos al presidente.
Esta administración —y el presidente en lo particular— se comprometió con el combate a la corrupción. La discrecionalidad abre la puerta a las malas prácticas y a la opacidad en el uso de los recursos. No se debe plasmar la discrecionalidad en una ley.