“Partida secreta, la de anteriores presidentes, no la de la austeridad”
Para ser “secreta”, lo que algunos han dado en llamar “nueva partida presidencial secreta” será la más fiscalizada, la más pública y la más documentada de todas las partidas secretas en la historia presupuestal mexicana. Es decir, será la menos secreta de las bolsas, programas y fideicomisos administrados por algún presidente mexicano.
En su artículo 61, la Ley Federal de Austeridad Republicana, recién aprobada en el Senado, establece que: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por
cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Esto último es lo que algunos han bautizado como “partida secreta”; sin embargo, no hay nada secreto, opaco u oscuro en el destino que tendrán los ahorros generados por el Poder Ejecutivo federal. Veamos las razones: por el lado del origen, el recurso proviene del mismo Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por el Congreso, y no de alguna fuente inconstitucional, extralegal o subrepticia. Por el lado del destino, el gasto será plenamente identificable, rastreable y susceptible de rendición de cuentas.
La esencia de una “partida secreta” presidencial es su no divulgación, no fiscalización y no validación por algún órgano de control interno o externo al quehacer gubernamental. Ninguna de estas características tendrá la bolsa o partida de la que dispondrá el titular del Poder Ejecutivo.
Más aún, el destino de dichos fondos deberá hacerse mediante un decreto oficial, lo que de inmediato elimina cualquier discrecionalidad, opacidad o “secrecía” en su aplicación o ejercicio. Y el decreto presidencial no podrá destinar esos recursos ahorrados a programas no previstos previamente en el Plan Nacional de Desarrollo.
Así podría llamarse a la que ejercieron durante décadas algunos presidentes de la República
Así que la tal secrecía no existe ni de jure ni de facto; ni de forma ni de fondo; ni en el origen ni en el destino de los fondos que se obtengan al amparo de la Ley de Austeridad.
En todo caso, el nombre correcto para definir la acción presupuestaria del Ejecutivo es “reasignación”, “redistribución” o “reestructuración” de recursos, pero no ocultamiento, desviación o discreción, que son sinónimos asociados a cualquier partida secreta.
“Partida secreta”, la que ejercieron durante décadas algunos presidentes de la República. Eran recursos jugosos que nadie auditaba y de cuyo destino nadie informaba. Los gobiernos del PAN cambiaron la partida secreta por “partidas de seguridad”, libres de fiscalización por razones de “seguridad nacional”. Llegaron a ejercer hasta 40 mil mdp al año, sin observación alguna. La mayor parte de estos recursos se asignaron a la Policía Federal. ¿Y qué decir de la “partida de los moches” legislativos o de los fideicomisos gubernamentales, donde se acumularon y manejaron discrecionalmente hasta medio billón de pesos?
Ésas sí eran “partidas secretas”, no las partidas de ahorros provenientes de la austeridad, que ahora, por ley, se podrán reasignar de manera abierta, pública y auditable.