Más de 100 denuncias.
Antes de que iniciara la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República investigó más de 100 denuncias por presuntos delitos de tortura cometidos por elementos de las fuerzas federales que participaron en la detención de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Funcionarios del gobierno federal dejaron claro que no en todos los casos se configuraba el delito mencionado, aunque éstas denuncias se están volviendo a revisar. Indicaron que al menos 80 por ciento de las capturas contra presuntos delincuentes estuvieron a cargo de elementos de la secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, además de la PF, y el resto por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y Policía Federal Ministerial, estás últimas de la Fiscalía General de la República. en la medida en la que las investigaciones avancen y se dijo sorprendido por el número de servidores públicos relacionados, lo que “refleja el actuar doloso y de manera generalizada que hay en el sistema de justicia del país”.
El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH reiteró que una de las denuncias posiblemente constitutivas de delito es la que tiene que ver con la incursión de personal de la entonces PGR con el detenido Agustín García Reyes, alias El Chereje, en las inmediaciones del río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014 y en la que participó Tomás Zerón, quien habría violado los artículos 20 (apartado B) y 21 de la Constitución, así como los artículos 2 y 3 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al haber practicado una diligencia extraoficial
El ex funcionario trasladó sin autorización del Ministerio Público a un detenido, que nunca tuvo asistencia legal, sin facultades para practicar esa diligencia y tampoco tenía autoridad para dar órdenes a peritos que son auxiliares del Ministerio Público.
De igual manera, la CNDH presentó denuncia administrativa contra 140 servidores públicos, 119 de ellos por 65 casos de los que la comisión tiene registro de tortura y 21 por faltas administrativas.
Antes de la denuncia de la CNDH, la FGR no tenía una investigación contra ex funcionarios de la gestión del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, luego de que la fiscalía del estado fue la que inició con la investigación por la desaparición de los normalistas.
Los funcionarios consultados mencionaron que la administración anterior documentó que el 26 y 27 de septiembre, la policía estatal logró rescatar al menos a 60 estudiantes.
Las penas para quienes incurrieron en actos de tortura van de los 10 a los 20 años de prisión