Invasores de viviendas en La Laguna piden que las negociaciones sean justas
Propiedad a la deriva. Muchos dueños legales del inmueble deciden comenzar un proceso por despojo, el cual tarda cerca de dos años y tiene un costo de 15 mil pesos
La invasión de viviendas por grupos organizados representa una problemática social grave en La Laguna de Coahuila y Durango, en donde existen fraccionamientos apoderados por personas quienes viven en casas que no son de su propiedad, y que en la mayoría de las situaciones se resisten a salirse, despojando a los verdaderos dueños.
La invasión de viviendas por grupos organizados representa una problemática social grave en la Región Lagunera de Coahuila y Durango, en donde existen fraccionamientos enteros apoderados por personas quienes viven en casas que no son de su propiedad, y que en la mayoría de las situaciones se resisten a salirse, despojando a los verdaderos dueños, quitándoles su patrimonio el cual lo obtuvieron en base a su trabajo.
Para quienes deseen la recuperación de su inmueble por la vía legal, por más absurdo que sea, tendrán que atravesar por un largo camino, en donde no solamente perderá tiempo, sino también dinero.
Así lo plantea la abogada Esther Esparza, quien desde hace varios año, es representante legal de ciudadanos a quienes de la noche a la mañana, les fueron arrebatadas sus viviendas, cuando de repente, un día extraños irrumpieron y se instalaron con todo y sus pertenencias, cambiando el color de las paredes, ventanas, puertas, rejas, chapas, candados, inclusive haciendo un área de jardín con su respectiva mesa y sillas.
Durante el transcurso del tiempo, Esparza ha visto que estas agrupaciones, invasoras de viviendas, no son locales, y puede venir del centro y sur del país, entre sus principales características es que funcionan a través de líderes, cuyo principal mérito, es llenar el vacío que existe por la necesidad de protección de otras personas, factor que los fortalece y agranda ante cualquiera que desee sacarlos por su propia cuenta, e inclusive generando caos y violencia.
“El problema es muy grave, ellos dicen que protegen al pobre, y estoy completamente en desacuerdo, porque es al pobre al que le están quitando su propiedad, al trabajador, que se levanta a las cinco de la mañana, toma el camión a las seis y entra a las siete a la maquila, para salir a las siete u ocho de la noche, ese es al pobre al que deben proteger, pero no, le estás quitando, ahora ¿por qué él no utiliza su casa?, pues él sabrá ¿por qué?, pero la está pagando, por el contrario, estos grupos están metiendo al flojo, al revoltoso, al que no tiene tiempo para trabajar, pero sí tiene tiempo para irse manifestar y cerrar carreteras federales”, expresó.
Debido a este crecimiento de dichos grupos sociales, quienes tienden a intimidar e infunden temor, como una de sus tácticas, es que muchas personas deciden iniciar con un proceso legal por despojo, el cual tarda alrededor de dos años, con un costo de quince mil pesos. Por obvias razones, muchos se quedan a mitad del camino y con su propiedad a la deriva.
Hasta el momento ha trabajado en quince casos relacionados con la invasión de la propiedad, aunque no todos se han resuelto de manera satisfactoria, mencionó que en todos existe un común denominador, la burocracia.
El proceso inicia con una denuncia por despojo del afectado en la Vicefiscalía, de ahí se turna a la vía civil en donde deben presentar como pruebas; escrituras, testigos, fotografías de la propiedad, recibos de pago, “llega a ser un expediente muy grueso de cosas innecesarias porque cuando a la otra parte le llaman para que se defienda, le dicen que presente las escrituras, y pues obviamente no las tienen”.
Para Esparza, el proceso es
“Llega a ser un expediente muy grueso de cosas innecesarias porque cuando a la otra parte le llaman para que se defienda, le dicen que presente las escrituras, y pues obviamente no las tienen”
“Aquí hay un proceso que es demasiado simple, es decir, me están presentando las pruebas de a quién le pertenece la propiedad, eso nos facilitaría mucho las cosas” Esther Esparza
Abogada
prolongado por el sistema burocrático que existe, ya que pasa por muchas manos, y no es precisamente relacionado con preferencias a los colores de una institución política, o de alguna persona, o grupo en específico, “simplemente creo que es muy burocrático”. Además que no se puede dejar de lado, la corrupción que por años ha manejado al sistema, en estos casos, para “motivar” el avance de sus denuncias.
“Aquí hay un proceso que es demasiado simple, es decir, me están presentando las pruebas de a quién le pertenece la propiedad, eso nos facilitaría mucho las cosas”, señaló.
También dijo estar en desacuerdo en que un invadido, debe pagar por recuperar su propia vivienda, pues al contar con su título de propiedad, presentar los documentos que solicitan, no debería haber problema alguno para dictar la sentencia.
De acuerdo a las leyes actuales, los invasores podrían tener derecho a las viviendas por un periodo de tiempo que vivan en estas, pero deben comprobar pagos de los servicios básicos, predial, y otras serie de requisitos.
“Si pagaran y tuvieran la propiedad arreglada, si tienen derechos y podrían hacer una escritura por preinscripción, pero resulta de que ellos no mueven un dedo y si ven una casa arreglada, pues la desarreglan fácil, ellos mismos vandalizan las propiedades y hay pruebas de eso, también, tengo pruebas de que ellos no pagan un solo peso de los servicios básicos que todas las personas usamos en nuestras casas”, dijo.
En su experiencia al tratar con estos casos, también la abogada ha sido víctima de intimidación, desde grabarla por celular al momento de recuperar una vivienda, así como amenazas, e inclusive privación de libertad por un grupo de personas que la dejaron encerrada, pero aún así está convencida de la labor importante que realiza, en la búsqueda de la justicia.
A las personas que atraviesan por un caso de invasión de propiedad, es necesario que soliciten ayuda, y sobre todo, organizarse, ante lo cual propone la creación de una asociación sin costo, totalmente altruista para trabajar en conjunto, y solucionar miles de casos existentes relacionados con la invasión. Para lo cual muestra que existe una esperanza para quienes veían que no existía.
“Podemos ayudarlos y recuperar nuestras propiedades, no tenemos que pedirle permiso a ese señor que se dice representante de la organización, no tenemos porque buscarlo, porque aparece y se vuelve a esconder”.
Agrupaciones no se niegan a pagar
De la otra cara de la moneda, están las agrupaciones de personas que justifican las invasiones con el argumento de la difícil situación económica que atraviesan, y que los obliga a buscar las formas para contar con un lugar en donde establecerse con su familia.
En este caso, José Flores, quien aunque resaltó no ser líder de ningún grupo social, está asesorando y brindando apoyo a las alrededor de dos mil 200 personas de Gómez Palacio y Lerdo, quienes fueron engañadas por “ciertos líderes”, por la promesa de obtener una vivienda. A estos a quienes les pagaron sumas de dinero, pero al final, desvanecieron cientos de sueños.
El señor Flores, salió a la defensa y empezó a organizarlas con la finalidad de solucionar su situación legal, para lo cual desde hace alrededor de ocho meses que trabaja con dos abogados quienes atienden los casos de cada ciudad, principalmente aquellos en donde están involucrados personas de la tercera edad, con discapacidad, madres solteras, quienes tienen más complicado la accesibilidad a una casa propia.
El grupo de personas, están distribuidas en alrededor de doce fraccionamientos de Gómez Palacio y Lerdo, en donde aseguró que viven desde hace ocho a doce años. Floresselimitósolamenteadarcomo ejemplo; San Juan I, San Juan II, y Las Margaritas.
“Hastaelmomentonotenemos ningunasolución,estamosluchando por eso, a raíz de que fuimos engañados por ciertos líderes, decidimos hacer las cosas por lo legal”, expresó.
Ellos están dispuestos a realizar acuerdos para pagar las casas con facilidades, dejando en claro que deberá ser un trato justo, sin embargo, hasta el momento no ha obtenido una propuesta en la que estén de acuerdo.
“Ahoritaestamosbatallando,no queremos nada regalado, y por eso hacemos algunos eventos como la venta de alimentos”, externó.
Para el representante de familiasquienesvivenenestasituación, lo que ellos hicieron, no se puede considerar invasión de propiedades, pues más bien están en casas que les dejó su “supuesto” líder, aunque aceptó que no eran de él.
Debido a que las casas a donde se fueron a vivir hace diez u ocho años, estaba en tapias, con el paso de los años fueron invirtiendo, remodelándolas, y haciendo lo posible para vivir mejor, en ese sentido, estánpidiendoestablecerelacuerdo para la adquisición.
Luego de que las propiedades fueron mejorando su aspecto, Flores asegura que en tiempos recientes han estado surgiendo muchos dueños, cuando antes no se observaban.
Por lo pronto, están en la espera en los cambios de los próximos gobiernos municipales, pues tienen la esperanza de poder establecer un acuerdo y negociar.
“Pero que quede claro que no somos invasores, somos gente que tienen necesidad de vivienda y quieren regularizar, pues se les está negando los servicios”, concluyó._