La insoportable levedad de la legalidad
El 90% de los problemas de México son por de falta de legalidad. Usted dígame un problema y detrás hay una ley que no se está cumpliendo”, me decía Carlos Salazar, presidente del CCE.
Si uno no cumple, no pasa nada. Si uno se salta un procedimiento, no pasa nada. Si uno comete un delito, no pasa nada. Si uno no denuncia, tampoco pasa nada.
La falta de procesos bien hechos y un sistema judicial lleno de huecos (colocados ex profeso)
han permitido que cualquier delincuente —común o de cuello blanco— queda libre o pase a formar parte de ese enorme club de usuarios recurrentes del amparo.
Días atrás Edna Jaime, directora de México Evalúa, escribía en El Financiero, como resumen del análisis anual que su organización hace del sistema de justicia, que “si cerráramos las procuradurías y fiscalías del país quizá no sentiríamos la diferencia”.
Hace unas semanas me robaron mi cartera. Para romper con la estadística de que solo 10% de los delitos son denunciados asistí al Ministerio Público y luego a la Fiscalía; en ambos me recomendaron declarar que la había extraviado. “Existen tres factores que desincentivan las denuncias. Uno de carácter político: las autoridades no quieren que aumente el registro de delitos. Los otros sobre capacidades institucionales: las fiscalías están colapsadas y no manejan de forma eficiente las cargas (cada fiscal tiene a su cargo 159 casos y cada policía de investigación 118) y no hay capacidades de desarrollo de inteligencia y análisis institucional que podría usar la información de las denuncias para diseñar estrategias de intervención y prevención. No les interesa conocer el número real de delitos porque no usan esa información”, dice María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa. Según sus datos, el principal desafío está en las primeras etapas de un proceso, las que dependen de policías y fiscalías. En 2018, de 30 millones de delitos (otra vez, solo 1 de cada 10 se reportó), se iniciaron 2 millones de investigaciones y solo se vincularon a proceso, o presentaron ante un juez, a 3.9% de ellas (80 mil). El resultado: el índice de impunidad es de 96% para el ámbito local y 94% para el federal.
La impunidad alimenta a la inseguridad. Ese ‘total no pasa nada’ tiene su costo: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la inseguridad equivale a 300 mil mdp, es decir, 1.65% del PIB. El dato es, otra vez, medido con solo 10% de los delitos denunciados.
Esa cifra debería ser nueve veces más grande: entre 10 y 14% del PIB queda en manos de quienes no cumplen la ley y de quienes no están formados para llevar adelante procesos de manera correcta.
La tercera Encuesta Nacional de Cul tura Constitucional de la UNAM (2017) reveló que 1 de cada 4 mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan.