El escándalo de Baja California
El estilo presidencial contagia no solo a quienes tratan de imitar su peculiar retórica: colaboradores y aduladores particularmente mal dotados para ello.
También va imponiendo como normales instrumentos de manejo político que viven en los linderos de la ilegalidad y el autoritarismo.
Es el caso de las famosas encuestas o consultas organizadas al margen de la ley, sin institucionalidad ni transparencia, a cuyos resultados, más que previsibles, la autoridad otorga una calidad vinculante, como si se tratara de la obligatoriedad de un plebiscito en forma.
Con esos falsos plebiscitos, en realidad simulaciones de la voluntad ciudadana, el gobierno ha tomado decisiones tan controvertidas como cancelar el aeropuerto de Texcoco, validar la construcción del de Santa Lucía, del Tren Maya, y de la muy protestada termoeléctrica de Huexca, Morelos.
Lo común en estas consultas ha sido la bajísima tasa de votantes respecto del padrón electoral y la opacidad de su organización, ajena por completo a las normas vigentes y a las instituciones electorales del orden federal o del orden local.
La consulta de Baja California imita este dispositivo presidencial, y lo reproduce degradado, en servicio de lo que no puede calificarse sino como un asalto a la Constitución y a la voluntad de los votantes
AMLO ni está cumpliendo ni está haciendo cumplir la ley
californianos, para imponerles, nada menos que tres años adicionales de gobierno en un estado fundamental del país, por cierto el primero en que se dio la alternancia durante la era del PRI.
La consulta bajacaliforniana atrajo 120 mil votantes de un padrón de 2 millones 811 mil. Menos de 100 mil californianos aprobaron lo que se indica arriba: que el periodo de gobierno de dos años se alargue a cinco.
Esto supone una violación de las reglas pactadas para la elección de gobernador, un escandaloso intento de cambiar el veredicto electoral mediante los cabildeos de la partidocracia local para entregar a Morena el doble del tiempo en el poder del que su candidato ganó en las urnas.
La ambigüedad del Presidente frente a esta maniobra, lejos de sacarlo del conflicto, lo pone en su centro. Esta vez por omisión: ni está cumpliendo ni está haciendo cumplir la ley en Baja California.