Comunidades locales pelean en juzgados por abasto de agua
Coahuila. Con el programa Litigio Estratégico, profesionistas ayudan a familias para que inicien un proceso legal mediante juicios de amparo con lo que el gobierno se ve obligado a garantizar el suministro del líquido
Con el programa “Litigio Estratégico” un grupo de profesionistas ayudan a familias de comunidades en condiciones vulnerables por la falta de agua, para que inicien un proceso legal mediante juicios de amparo, con lo que el gobierno se ve obligado a garantizar el suministro.
Con las demandas de juicio de amparo hemos logrado que les lleven agua máximo cada ocho días. Tenemos la Suspensión de Plano, una sentencia con la que el gobierno garantiza el acceso al agua, informó Miguel Ángel Hernández Muniz, abogado.
Apenas se llega al ejido San Felipe y se aprecian de cinco a seis tinacos o contenedores de agua a las afueras de cada vivienda, en algunas casas hay más de diez, todos listos para recibir el agua que llevan las pipas del gobierno. Las llaves por donde solía salir el agua en las casas están clausuradas o de plano ya se olvidaron, no se diga las llaves de las regaderas.
En la actual temporada agrícola las familias de esta zona aprovechan para llenar sus tanques de 200 litros con agua del canal de riego, “aunque sea en lo que llegan las pipas que mandan cada 15 días, aunque sea para barrer. De aquí nos bañamos, de aquí lavamos trastes y todo, es lo que hay”, compartió la señora María Ana Estrada Escobar, quien dice pagar 50 pesos para llenar cinco tambos. Se trata de un problema de escasez que data desde hace 20 años y que se extiende en cada rincón del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, sin embargo, algunos han optado por demandar al gobierno para contar con el derecho humano al agua mediante un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, aunque otros ya se acostumbraron a vivir así.
En estas comunidades coahuilenses el tema de plática diaria no tiene que ver con el clima, el tema principal se basa en platicar si la pipa acudirá o no a surtir el agua.
En el año 2010, con la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, ya que el agua potable es fundamental para la realización de todos los derechos humanos, una resolución que ya tardó en llegar a las zonas áridas de la región lagunera donde las escenas se repiten.
“El acceso al agua es una garantía constitucional y además un derecho humano. El agua es determinante en cualquier sociedad al tener valor económico, político, social y cultural. Sin el agua el desarrollo humano está condicionado”, aseveró Miguel Ángel Hernández Muniz, director general del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), organización que vino a cambiar la vida de las comunidades.
Litigio Estratégico
Ante la crisis hídrica que viven diferentes sectores de La Laguna que presentan, hace un par de años un grupo de profesionistas formalizó el CIADH, dedicado a la investigación y mediciones hídricas en la región, además de promover la revisión de las políticas públicas en materia del agua para que sean cumplidas a cabalidad. Con el programa llamado “Litigio Estratégico” , ayudan a familias de comunidades en condiciones vulnerables por la falta del suministro de agua, para que inicien un proceso legal mediante juicios de amparo, con lo que el gobierno se ve obligado a garantizar el suministro de agua, incluso en menos de 24 horas.
Esto bajo la premisa que marca el artículo 4 de la Constitución Mexicana, al señalar que todo ciudadano tiene derecho al acceso y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además el artículo 115 establece como obligación de los municipios a garantizar el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Hernández Muniz, abogado sampetrino especialista en derechos humanos, explicó que cuando se presenta una demanda se obtiene una sentencia preliminar llamada Suspensión de Plano, que obliga al municipio y al sistema encargado de la distribución y saneamiento a llevar el líquido potable a donde se les demande.
“Lo que hacemos es revisar las políticas públicas y obligar al estado mexicano a que garanticen el acceso humano al agua, bajo las condiciones de cantidad, calidad y frecuencia. Con las demandas de juicio de amparo hemos logrado que les lleven agua máximo cada ocho días. Tenemos la Suspensión de Plano, una sentencia con la que el gobierno garantiza el acceso al agua”.