Ecuador, Glas y el lawfare, ¿les suena?

Después

de la ilegal, absurda, violenta toma de la embajada mexicana en Ecuador por parte del gobierno de aquel país para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien había pedido asilo en México, me topé con un muy buen texto de Sonia Gabriela Vera García, experta en derecho internacional, ecuatoriana, jurista, parte del equipo de defensa internacional de Jorge Glas, con un máster en derecho administrativo y doctorante del Phd de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Vera García resume el caso contra Glas desde que fue puesto en prisión en 2017 y la actuación de los poderes ecuatorianos desde entonces.

Dice la abogada que el caso contra Glas es uno de lawfare, lo define: “El concepto de lawfare hace referencia al uso de procesos y procedimientos legales para paralizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país o negar beneficio de derecho por razón política.

“La palabra combina los términos law (ley, derecho) y warfare (guerra, conflicto) y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’ usada con fines partidistas”.

Recuerda el caso emblemático de esto, el de Lula Da Silva. Y después de contar la furia contra Glas de parte del gobierno y contra las autoridades judiciales que le daban a Glas el habeascorpus, la salida de prisión, contemplado en la constitución de aquel país, escribe:

“Estas intromisiones en un proceso judicial son contrarias al derecho internacional que expresa que ‘las declaraciones públicas emitidas por funcionarios públicos deben guardar una especial cautela, a efectos de no infringir los derechos de las personas, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos’.

“La suspensión/destitución del juez de primera instancia y las investigaciones penales contra el accionante pero también todos los funcionarios implicados en el procedimiento constituyen claras amenazas/presiones. Todo esto afecta de manera evidente el derecho a un tribunal independiente e imparcial”.

Como que lo del lawfare por razones políticas nos suena, ¿no? Más aún cuando se lee que parte de las decisiones judiciales que tanto enojaron al gobierno ecuatoriano eran por razones de la salud de Glas. Suena, suena…

Claro, acá nadie alcanzó a irse a una embajada.