Zaldívar quiere “juicio político” para Norma Piña
Acusa a la presidenta de la Suprema Corte de entrometerse en la elección para frenar la reforma judicial
El ministro en retiro Arturo Zaldívar informó que presentará denuncias ante varias instancias contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y de manera “inédita” se iniciará la demanda de juicio político. Sin embargo, aclaró que “no es revancha ni venganza”.
“Nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político contra la ministra presidenta de la Corte con fundamento en el artículo 7, fracciones I y III, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
“Esto por actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como la autonomía del Tribunal Electoral, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto de admisión”, señaló.
La decisión de Zaldívar se da tras ser acusado en una denuncia anónima entregada al Consejo de la Judicatura Federal de presionar, intimidar y extorsionar a jueces y magistrados para obtener beneficios y frenar resoluciones que afectaran al gobierno federal.
En rueda de prensa junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Zaldívar acusó que Piña ha incurrido en actos que pueden dar lugar a delitos en temas electorales, administrativos y políticos.
“Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios para una candidata de la derecha conservadora y tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Piña demuestra la necesidad y urgencia de la reforma judicial; el pueblo de México está atento”, insistió.
Además, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Otra denuncia será ante la FGR por la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público. En particular por la sustracción y el uso ilegal de información bajo su custodia en virtud de su cargo (...) esto por la distribución masiva de la denuncia (en mi contra)”, apuntó.
La queja ante la Fepade será “por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato”.
Asimismo, indicó que presentará otra denuncia en la Corte.
“Primero por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que no hubiera cambio de presidencia; segundo, por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra.
“Tercero, por filtrar el acuerdo de inicio de la investigación, violando mi derecho a la presunción de inocencia y debido proceso, y pretendiendo influir en campañas electorales, y cuarto por admitir a trámite una queja estando legalmente impedida”, acusó.
Añadió que presentó una denuncia similar ante el Consejo de la Judicatura Federal “por la filtración y demás irregularidades”.
Delgado informó que el juicio político se gestionará a través de la Cámara de Diputados y confió en que el análisis inicie en septiembre con el nuevo Congreso.
“La ministra se ha convertido en la jefa de la guerra sucia de la candidata del PRI y el PAN”, agregó.
Jueces cierran filas
Jueces y magistrados federales manifestaron su apoyo a Norma Piña tras el anuncio de Zaldívar de iniciar un juicio político por la investigación que inició en contra suya y ex colaboradores.
“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos, pe
ro su uso ha sido recurrente para intimidar a juzgadores de manera constante.
“Resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar
a una de las partes”, señalaron en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas las denuncias que son de su conocimiento a una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y actuar contra una candidata en específico.
Indicaron que en los últimos años el número de quejas presentadas contra personas juzgadoras
_ por resolver en favor de los derechos humanos y contra autoridades federales se ha incrementado exponencialmente y han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.