estatales que funcionen. Necesitamos instituciones que respeten derechos, que generen y utilicen la información, que cuenten con un modelo sólido de investigación, que articulen las funciones de investigación y persecución de los delitos, que sean capaces de conducir juicios exitosos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.

Limitar el cambio a una reforma al artículo 102 constitucional es insuficiente, pues es mirar solo una de las caras del cubo. Habría que modificar también otros artículos de la Constitución: el 21 (facultades y competencias del ministerio público, las policías y el sistema nacional de seguridad pública), el 73 (para permitir un Código Penal Único) y el 116 (para regular la función e integración de las fiscalías en los estados). La expedición de las leyes de seguridad interior, de mando policial e incluso eventuales reformas al sistema penal acusatorio y a otras leyes deberían ser el resultado de un análisis de conjunto. Finalmente, debería darse especial atención al modelo de transición. Pensar que la nueva fiscalía puede crearse en meses es un error. Enfrentamos un proceso muy complejo que llevará años y que debe estructurarse cuidadosamente para asegurar que llegará a buen puerto.

Exponer lo anterior es fácil. Decir cómo y después hacerlo es mucho más complejo. Ese es el reto que enfrentamos como sociedad. Si eso es realmente lo que queremos.