El gran desafío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La semana pasada, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la Ley de Seguridad Interior sin presiones. Definitivamente es necesario que cada uno de los ministros revise cuidadosamente las controversias y acciones de inconstitucionalidad que han recibido, ya que su decisión no solo tendrá impacto sobre el régimen constitucional de nuestro país, sino sobre la estrategia de seguridad que se aplicará en las siguientes décadas, sus implicaciones en vidas humanas y el manejo institucional de la violencia.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley y depositó en manos del Judicial la responsabilidad de detener o dejar correr una ley que fue profundamente cuestionada por organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad y un buen número de legisladores que advirtieron la inconstitucionalidad del instrumento.
Al día de hoy, la SCJN ha recibido un número de acciones de inconstitucionalidad y controversias del que no hay registro en su historia. Entre las instancias facultadas que presentaron argumentos de inconstitucionalidad de la LSI están: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, grupos de senadores y diputados, el gobierno de Chihuahua y 10 ayuntamientos.
Los ministros tienen un reto inmenso que marcará la historia de nuestro país. Como lo señala el colectivo Seguridad sin Guerra en la carta que publicó ayer, dirigida a los ministros: La Ley de Seguridad Interior atribuye a las Fuerzas Armadas tareas que constitucionalmente competen solo a civiles; no prevé principios claros del uso legítimo de la fuerza; viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad; no establece mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos.
Confiemos en que, como jueces supremos de la Nación, los ministros aprovechen los argumentos como insumo de su reflexión. Ojalá no sean sometidos a presiones que entre advertencias veladas inquieten su veredicto. Los razonamientos, en cambio, habrán de ser materia indispensable para enriquecer su deliberación en aras de la paz y la seguridad de las y los mexicanos.