TODO LO RENTADO, AL BALANCE
Una nueva norma de contabilidad amenaza porque cambiará indicadores financieros como el endeudamiento y el EBITDA. Las cadenas o franquicias como Oxxo, sufrirán más porque tienen muchos contratos de alquiler y no se están preparando.
El problema es simple pero las consecuencias dramáticas, y en México pocos empresarios, administradores y contadores hacen lo necesario para ponerse al día. Durante muchos años, los alquileres de locales comerciales, oficinas y espacios industriales se contabilizaban mes a mes como un gasto, y era deducible del Impuesto sobre la Renta (ISR). No eran un pasivo a futuro en el estado de resultados.
Las asociaciones de contadores y auditores, y en especial la que regula las Normas Interna- cionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), observaron que este modelo ponía en desventaja a las empresas (quizá competidoras) que compran sus propiedades y toman créditos, porque esas deudas aparecen en el balance y las hacen ver más comprometidas y con mayores riesgos.
En México, son frecuentes los contratos de alquiler en dólares y a largo plazo ( más de cinco años), un compromiso serio y costoso que no aparece en la contabilidad. Al final es casi lo mismo: unas empresas pagan rentas y las otras pagan créditos e hipotecas, pero a la vista de los inversionistas unas lucen bien y las otras se ven apalancadas. Ya no más.
A partir de enero de 2019, en todo el mundo entrará en vigencia la norma IFRS 16 sobre arrendamientos, que pide calcular el costo a futuro de los contratos de arrendamiento, y que la cantidad que resulte deberá incorporarse a los estados financieros como si fuera una deuda. Así, las empresas que alquilan y las que compran estarán en igualdad de condiciones, y los inversionistas tendrán una visión más transparente sobre el valor de las acciones y los riesgos contraídos.
Según la consultora KPMG en México, la intención detrás de estas normas, y de su equivalente estadounidense (las normas US GAAP), es garantizar la equivalencia de la información financiera entre empresas que operan en diferentes mercados y países. Los inversionistas pueden comparar unas y otras usando un mismo lenguaje e indicadores.
El asunto no es cosa pequeña. Según la Fundación IFRS, en el mundo existen más de 3.3 millones de millones de dólares en alquileres que no se reflejan en los estados financieros de las empresas ( off balance), porque son considerados pagos a futuro. En América Latina, solo 23% de las empresas listadas hacen visibles sus compromisos y 45%
de los grandes arrendatarios no incorpora estos pasivos en sus reportes financieros.
Para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y para las privadas que utilizan IFRS y se auditan para estar a mano con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la norma 16 es un dolor de cabeza. Las más afectadas son las que tienen negocios pulverizados, como las franquicias que operan negocios por sí y a través de franquiciatarios: Oxxo, que tiene más de 12,000 locales; Alsea, que alquila cientos de espacios para sus marcas (Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Italianni’s), McDonald’s, las telefónicas, aerolíneas y otras.
El reto es también para Zara y marcas de ropa y accesorios, los bancos que tienen sucursales en centros comerciales, así como cadenas de supermercados, cines y tiendas de electrónica. Afecta también a empresas que rentan pisos de oficinas, almacenes y bodegas, equipo de cómputo y hasta vehículos.
Todas deben reunir y concentrar sus contratos de alquiler, calcular el compromiso como lo establece la nueva norma, y cargar ese pasivo al balance a más tardar el 1 de enero de 2019. Según los expertos, hay casos difíciles como el de empresas con cobertura nacional, y cuyos contratos de alquiler están dispersos en cada división y con cláusulas que varían según la persona, el tiempo y las condiciones en que se hayan negociado. Esto agrega complejidad y costos al trabajo administrativo de reunirlos y evaluarlos.
Sin preocupación
Sergio Pérez, vicepresidente senior de CBRE, una consultora internacional en temas inmobiliarios, dice que sorprende la escasa atención que las empresas mexicanas le han dedicado al tema, porque el grado de implementación es bajo y el tiempo se agota.
“Parece que los contadores y administradores no se han creído la seriedad de las consecuencias de no implementar la norma, o quizá imaginan que lo harán sin problemas a último momento. En ambos casos están equivocados”, dice Pérez. Asegura que para llegar en las mejores condiciones, los administradores deberían tener lista la operación a fines de 2017, para ajustar detalles y tener un ciclo de comparación durante 2018.
Pérez también explica que este período “de prueba” permitirá mostrar a los bancos, a los proveedores y al mercado de valores que la deuda asumida en los estados financieros no pone en peligro su estabilidad financiera.
“No lo han tomado en serio los CFO y directores de finanzas”, dice Pérez y añade que “aunque tengan la información (y la mayoría no la tiene), y los auditores puedan calcular el impacto y las nuevas razones financieras, no pueden anticipar sus tasas de apalancamiento ni imaginar cómo quedará el estado financiero y contable de la empresa”. Por esto, dice, que “si no lo hacen con tiempo se van a meter en serios problemas con los inversionistas, los accionistas, los bancos y hasta el gobierno”.
Las consecuencias
Ralph Menschel y Jesús Luna, socios del área de Asesoría Financiera de KPMG en México, coinciden en que hay pocas empresas mexicanas que no tengan contratado algún arrendamiento y que en ocasiones ni siquiera los tienen visibles en una oficina centralizada porque se gestionan de manera aislada.
“La IFRS 16 impactará la situación financiera y los resultados de operación de las empresas que cuentan con activos en calidad de arrendatarias que reportan bajo las normas IFRS, pero que no lo reflejan en el estado de situación financiera”, dice Menschel. Añade que “ahora deberán reconocer un activo equivalente al derecho de uso sobre los bienes arrendados porque los arrendamientos operativos desaparecerán y todos serán considerados financieros”.
Cuando se acerque la fecha final no habrá suficiente personal capacitado para procesar esos miles de contratos.
Jesús Luna agrega que el cumplimiento demandará un esfuerzo considerable y cuantiosos recursos humanos y tecnológicos, y que esa implementación también requiere cambios y capacitación en los sistemas de información financiera, procesos y controles internos.
Además de transparentar sus alquileres, este proceso es una oportunidad para que las áreas financieras y contables centralicen información dispersa, homologuen la operación de los arrendamientos y tomen decisiones que agreguen valor, ahorros y eficiencia en la adquisición o arrendamiento de inmuebles.
La empresa será diferente
Una vez que se hayan hecho los cálculos y ajustes, varios indicadores y métricas —incluyendo el EBITDA— sufrirán cambios. Aunque la empresa en sí no haya cambiado su negocio, se modificará la forma en que se interpretan los estados financieros y se califican los riesgos.
Los cambios que acarrea tendrán consecuencias en la medición de la situación financiera y la rentabilidad de las empresas (KPI), tales como utilidad neta, endeudamiento, etcétera. Esto podrá hacer a la empresa verse con mejores o peores ojos.
Gestionar oportunamente permitirá a las compañías tomar medidas preventivas en torno a factores críticos, como el cumplimiento y renegociación de razones financieras establecidas en contratos de crédito ( covenants banca
rios), modular contratos de arrendamiento con rentas fijas y variables, revisar las contraprestaciones en moneda extranjera, entre otros.
Contadores: no pierdan la cabeza
Sergio Pérez, recalca su preocupación por el bajo interés por implementar la IFRS 16.
“Si no lo hacen y tienen que pasar una auditoría financiera, lo más seguro es que los resultados salgan en contra del negocio”, dice. Añade que “esto castigará las razones financieras y el nivel de apalancamiento, y no tendrán tiempo de explicar la situación y renegociar con los acreedores y los bancos que los financian”. Así, podrían correr el riesgo de quedarse literalmente sin dinero y sin crédito.
Si todo se deja para el final y no se hace de manera juiciosa, pueden quedar establecidos procesos y estándares débiles, así como criterios y políticas pobres para nuevos arrendamientos. Esto afectaría la operación y congelaría la toma de decisiones. Ningún ejecutivo querrá firmar un contrato nuevo por la incertidumbre de hacerlo mal.
Según Pérez, “no hay manera de darle la vuelta y lo mejor es convertir el reto en una oportunidad para que los directores de finanzas tomen un papel más relevante en la gestión de las áreas financieras y contables de las empresas”. La recomendación, es “que le entren a la norma bien y con tiempo, porque si no sus departamentos y responsabilidades sufrirán las consecuencias”.
En América Latina, solo 23% de las empresas listadas hacen visibles sus compromisos y 45% de los grandes arrendatarios no incorpora estos pasivos en sus reportes financieros