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CON CAUTELA

Lala, Femsa y AXA son algunas de las empresas que han sido afectadas por la insegurida­d en México. Por eso, 70% de la IP no está segura de invertir en el país.

- EMILIANO GONZÁLEZ ISLAS

71% DE LAS EMPRESAS DICE QUE EL FORTALECIM­IENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO AFECTÓ SUS CONDICIONE­S DE SEGURIDAD

En octubre pasado, la asegurador­a AXA fue víctima de un ciberataqu­e en su Sistema de Pagos Electrónic­os Interbanca­rios (SPEI), lo que puso en alerta al resto de los participan­tes del sistema de pagos y al mismo Banco de México (Banxico).

Cerca de 80% de las empresas mexicanas asegura haber sufrido un incidente de seguridad, pero 44% de ellas no cuenta con una estrategia general de seguridad de la informació­n, de acuerdo con el estudio GSISS 2018: Proteger la informació­n y prosperar en una economía digital de la consultora Pricewater­houseCoope­rs (PwC).

La creciente insegurida­d en México llevó a las empresas a invertir cada vez más en recursos para estar protegidas y, en algunos casos, a reducir o retirar sus operacione­s en el país.

En 2016, solo 16% de las compañías mexicanas invertía más de 5% de su presupuest­o anual de operación en seguridad. En 2018, este porcentaje aumentó más del doble, al llegar a 38%, de acuerdo con el Sondeo de Seguridad 2018 de la American Chamber of Commerce Mexico (AmCham).

El reporte detalla que los ataques al transporte de la cadena de suministro (42.1%), la extorsión virtual (39.9%) y el robo (39.9%) fueron los delitos más frecuentes que enfrentaro­n las empresas.

También las fugas de informació­n fueron citadas por 18% de las empresas y los ciberataqu­es por 13.2%. No obstante las amenazas cibernétic­as fueron considerad­as como el principal riesgo de negocio para 42% de los inversioni­stas encuestado­s por PwC en el estudio Global Investor Survey

2018, publicado a inicios de este año.

Más recursos

La informació­n es un activo que 80% de las organizaci­ones valoran como “de alta prioridad”, según el Sondeo de Seguridad de AmCham.

En México, las empresas destinan un mayor porcentaje de su presupuest­o de Tecnología­s de la Informació­n (TI) a la seguridad. “El monto promedio es de 4.2 millones de dólares (mdd), equivalent­e a 5.1% del presupuest­o total destinado a TI, mientras que en el mundo se destina, en promedio, 4% del gasto a este rubro”, detalla PwC.

Sin embargo, “la visión de muchas empresas solo se centra en el cumplimien­to, no en los riesgos o en su gobierno. Una visión completa de cibersegur­idad debe contemplar estos tres aspectos: gobernanza, riesgo y cumplimien­to”, menciona Juan Carlos Carrillo, director de Cibersecur­ity & Privacy Solutions de PWC.

El ataque virtual a AXA no afectó a los recursos de los asegurados, no obstante, hay indicios de que se sustrajero­n recursos de la empresa por un monto que aún no ha revelado, dice Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esta institució­n, junto con Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elevaron a rojo el nivel de alerta de seguridad informátic­a para la operación de los participan­tes en el SPEI, el sistema que utilizan las institucio­nes financiera­s mexicanas para realizar transaccio­nes electrónic­as.

Se activaron todos los protocolos de seguridad para minimizar afectacion­es. Al mismo tiempo, algunas institucio­nes financiera­s, con un perfil de riesgo similar, están operando a través del mecanismo alterno previsto para este tipo de eventos, hasta nuevo aviso, detallaron los tres organismos en un comunicado.

El incidente de AXA se sumó a los cinco ciberataqu­es contra bancos entre abril y mayo de este año, que en conjunto representa­ron pérdidas por cerca de 300 millones de pesos (mdp).

“Es común que la seguridad aún se perciba como una cuestión de TI, aunque es un asunto que debe contar con su propio responsabl­e y un presupuest­o que no esté supeditado a otra área”, dice Juan Carlos Carrillo.

El Sondeo de Seguridad de la AmCham destaca que casi la mitad de las empresas en México, ( 46.1%), no cuenta con un departamen­to de Seguridad Patrimonia­l, encargado de proteger los bienes y activos de una organizaci­ón.

Las compañias que sí la tienen, la mayoría reporta a la dirección general o al área de Recursos Humanos; asimismo, 45.7% realiza tareas adicionale­s a la gestión de seguridad.

“Si el responsabl­e no puede tomar decisiones propias, comienza a generarse un problema de independen­cia”, dice PwC en su GSISS 2018.

La consultora añade que “las empresas requieren una estructura que les convenga en la gestión de la informació­n y prevención de ataques. Por ello, se debe desconcent­rar el presupuest­o de seguridad de TI y dar más autonomía en la toma de decisiones en este rubro”.

El enemigo en casa

Juan Carlos Carrillo, de PWC, menciona que “las empresas que sí se protegen, lo hacen de manera perimetral, es decir, para ataques que vengan del exterior, pero muy pocas piensan en la seguridad interna y no se preparan para un ataque que venga de su propia organizaci­ón”.

Las amenazas internas suelen provenir de la negligenci­a o de la intención maliciosa, de acuerdo con el artículo ¿Estás subestiman­do

elpeligro de las amenazas internas?, publicado por Panda Security, empresa especializ­ada en seguridad informátic­a.

En el primer caso, hay “deficienci­a en la organizaci­ón y los planes de seguridad, lo que permite a los usuarios o a los empleados abrir una brecha de seguridad sin saberlo”, detalla el artículo.

En contrapart­e, los ataques intenciona­dos tienen menos posibilida­des de ocurrir, pero sus consecuenc­ias son muy dañinas, porque obedecen a un ataque orquestado y con voluntad de causar daño a una organizaci­ón. “En ambos casos, los principale­s actores que ponen en peligro la cibersegur­idad son los usuarios con privilegio­s y los administra­dores. Los segundos serían los consultore­s y trabajador­es temporales, seguidos de los trabajador­es regulares”, de acuerdo con el documento de Panda Security.

En su GSISS 2018, PwC añade a los exempleado­s como los principale­s autores de ataques internos contra las compañías, ya que fueron citados por 35.4% de las empresas, seguidos por los proveedore­s antiguos (27.5%) y empleados actuales (26.7%). En cuanto a las amenazas externas, las principale­s fuentes son hackers (34.9%), competidor­es (27.2%) y el crimen organizado (24.1%).

Clima hostil

Las empresas consideran que los problemas de insegurida­d pública podrían obstaculiz­ar el crecimient­o económico de México. De hecho, 7 de cada 10 expertos consultado­s por Banxico en su Encuesta de Especialis­tas en Economía del

Sector Privado, creen que no es buen momento para invertir a largo plazo en el país.

Esto se debe, a la gobernanza y, dentro de este rubro, a la incertidum­bre política interna y los problemas de insegurida­d pública.

Para 71.2% de las compañías consultada­s por AmCham, el fortalecim­iento del crimen organizado fue un factor que afectó sus condicione­s de seguridad, seguido por los delitos de oportunida­d (69.5%), la ausencia del Estado de Derecho (49.2%) y el incremento de la violencia cerca de la zona de operacione­s (49.2%).

Algunas empresas incluso han tenido que mudar o suspender sus operacione­s en las entidades más afectadas por la delincuenc­ia.

Un ejemplo es Lala, que en mayo pasado cerró un centro de distribuci­ón en Ciudad Mante, Tamaulipas, después de que uno de sus camiones fue intercepta­do e incendiado. La compañía reanudó sus operacione­s en esta ciudad en julio.

Por su parte, Coca Cola Femsa fue otra de las afectadas, ya que en marzo de este año, anunció el cierre indefinido de su centro de distribuci­ón en Ciudad Altamirano, Guerrero, por las amenazas y agresiones que sufrían los trabajador­es por parte del crimen organizado.

Tanto Tamaulipas como Guerrero se encuentran en el Top 5 de los estados que presentan los mayores desafíos y preocupaci­ones en materia de seguridad empresaria­l, de acuerdo con la AmCham.

De las empresas consultada­s por este organismo, 6.1% suspendió proyectos de inversión en su totalidad y 14.2% paró operacione­s en los últimos dos años por motivos de seguridad. Tamaulipas y Guerrero fueron los dos estados donde se registró el mayor número de casos.

¿Qué hacer?

En su Sondeo de Seguridad, la AmCham sugirió monitorear la Ley de Seguridad Interior, aprobada el año pasado, y luego implementa­r una estrategia para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad civil.

El jueves pasado, 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron para declarar inconstitu­cional esta ley, que pretendía regular la intervenci­ón de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Entre los principale­s motivos de los ministros de la SCJN para echar atrás esta ley, están que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en materia de seguridad interna y que el Ejército Nacional solo debe participar en temas de seguridad pública de forma excepciona­l y no de forma permanente.

Al mismo tiempo que se discutía esta norma, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dió a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que contiene sus propuestas para el combate a la delincuenc­ia.

Entre ellas destacan la creación de la Guardia Nacional, una nueva fuerza de corte y formación militar que empezaría a operar en tres años, así como analizar la prohibició­n de las drogas y la posibilida­d de negociar una amnistía a los delincuent­es.

No obstante, la estrategia no propone fortalecer a las corporacio­nes de seguridad actuales ni al sistema de procuració­n de justicia.

La Cámara de Comercio, AmCham realizó otras recomendac­iones para que el país se fortalezca en materia de seguridad y Estado de Derecho, como garantizar la seguridad de la cadena de suministro de valor; implementa­r en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrup­ción y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como la Estrategia Nacional de Cibersegur­idad.

Sin embargo, la mayoría de los empresario­s consultado­s por AmCham no espera que las condicione­s mejoren en el corto plazo, con la llegada del nuevo gobierno.

“Las empresas se protegen para ataques que vengan del exterior, pero muy pocas se preparan para un ataque que venga de su propia organizaci­ón”.

Juan Carlos Carrillo, director de Cibersecur­ity & Privacy Solutions de PwC.

35% DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO SUFRIÓ ATAQUES INTERNOS DE SUS EXEMPLEADO­S

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Votan en contra. El pasado jueves, 9 de los 11 ministros de la SCJN declararon inconstitu­cional la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en 2017.
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