El carbón de Trump
Las nuevas reglas ambientales de Donald Trump tienen en vilo a las industrias automotriz y energética de EU.
En promedio, la administración del presidente Donald Trump recibe el golpe de una demanda ambiental 1 vez cada 5 días, después de que llegó al poder en enero de 2017. Casi todas las veces que Trump trató de implementar su agenda ambiental —que se centra en impulsar los combustibles fósiles y reducir las regulaciones—, le siguieron demandas. En los últimos meses, los esfuerzos para abrir la perforación en altamar, poner en marcha el ducto Keystone XL o respaldar la extracción de carbón, fueron frustrados por demandas legales.
Ahora, las batallas legales están a punto de intensificarse. Los nuevos estándares del gobierno para autos limpios, que se enviaron a la Casa Blanca para su revisión final a principios de agosto, podrían desatar una larga batalla legal entre el gobierno y al menos 18 estados de la Unión Americana, encabezados por California. Los abogados y fiscales generales ya están redactando las demandas, y la industria automotriz se prepara para años de incertidumbre.
El patrón se estableció temprano en la campaña presidencial de Trump, cuando fijó la mira en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), al prometer “deshacerse de eso en casi todas las formas” y eliminar muchas reglas de la era de Obama.
Andrew Wheeler, excabildero de la industria del carbón, ahora dirige la EPA, y redujo tanto los niveles de personal como las acciones contra los que contaminan. Trump también planea retirar a Estados Unidos (EU) del acuerdo climático de París, y sus emisiones de dióxido de carbono aumentaron luego de tres años de disminución.
Sin embargo, en los tribunales, la EPA perdió la mayoría de sus casos ambientales. La derrotaron en más de 90% de las 41 acciones legales relacionadas con el desmantelamiento normativo, en las que se alcanzó un resultado final, de acuerdo
con una base de datos del Institute for Policy Integrity (Instituto de Integridad de Políticas) de la Facultad de Derecho de la NYU. Desde que Trump asumió el cargo, se han presentado más de 150 demandas relacionadas con la protección del clima y el medio ambiente contra el gobierno federal, según una base de datos que mantiene la Facultad de Derecho de Columbia.
El cambio climático no es prioridad
Los efectos de los conflictos legales se extienden más allá del mundo oculto de la regulación ambiental. El futuro de las industrias estadounidenses, desde organizaciones automotrices hasta compañías químicas y grupos de petróleo y gas, se va a moldear por los casos que se desarrollan en todo el país. Aunque la justificación de Trump para muchos de los cambios ambientales es una agenda a favor de las empresas, varias de ellas están atrapadas en el fuego cruzado.
EU tiene una larga historia de demandas ambientales. Una parte clave del mecanismo de aplicación incorporado en las leyes, como la Ley de Aire Limpio, es el derecho de los ciudadanos a demandar al gobierno si no cumple con la ley. Ese derecho forma la base de muchos de los casos presentados desde febrero de 2017.
Pero los abogados dicen que la situación actual es diferente. “En realidad es mucho peor de lo que podríamos haber imaginado” antes de que Trump asumiera el cargo, dice Mitchell Bernard, abogado en jefe del Natural Resources Defense Council (Consejo de Defensa de Recursos Naturales). “Hay un absoluto desprecio por los hechos, la ciencia y el Estado de Derecho‥. esa es una de las razones por las que tuvimos tanto éxito en los tribunales, porque (el gobierno) ha sido imprudente y descuidado”.
Algunos políticos sostienen que el litigio ahora es una parte crítica de la protección del medio ambiente. “Es realmente importante que los abogados exploten estas cosas una tras otra”, dice Sheldon Whitehouse, un senador demócrata y exfiscal general de Rhode Island.
El gobierno federal no lo considera de esa forma. Wheeler, a quien confirmaron como jefe de la EPA a principios