“No cumplieron los protocolos”, afirma abogado del funcionario

Para el abogado César Cantú, representante legal del ex director del Isssteleón, Eduardo Bailey Elizondo, la fallida detención de su cliente podría significar una violación al debido proceso y a los derechos fundamentales de todo imputado, como lo es la presunción de inocencia. Cantú recordó que para ejecutar órdenes de aprehensión en otro estado del país, se debe cumplir un protocolo que es parte de los convenios de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las entidades federativas que tal vez no fueron cubiertos en el fallido intento de captura del ex funcionario de Nuevo León.

Quien fuera subprocurador del Ministerio Público hace 20 años, durante el gobierno de Fernando Canales, advirtió también sobre el riesgo de que las imputaciones en contra de Bailey sean extemporáneas, ya que el también ex dirigente del PRI estuvo al frente del citado instituto hace 10 años, durante 2007, por lo que la acción de la justicia podría haber prescrito.

En el caso de que existiera algún delito, dijo que debido al tiempo transcurrido, las imputaciones de la carpeta judicial del caso Isssteleón, en donde se maneja un quebranto por 360 millones de pesos, podrían estar ya extintas

Recordó que durante su gestión en la Subprocuraduría de Nuevo León, conoció de casos en los que policías de otros estados venían y primero ejecutaban las órdenes de aprehensión y luego notificaban a la autoridad local, lo cual es una violación a los protocolos que marcan los acuerdos de colaboración entre las procuradurías federales y estatales, incluida la del fuero militar.

“Si no se siguen esos protocolos, evidentemente no pueden ejecutar ningún pedimento en contra de ninguna persona; en este caso, es claro que hubo fallas en el protocolo; no conozco a detalle los procedimientos para ver exactamente dónde está lo que incumplieron y no es el primer caso (...) en que se violan estos procedimientos que violentan las normas constitucionales. Puede haber violación al debido proceso, a los derechos fundamentales del señor Bailey, que desde luego los protegen las normas fundamentales”, externó el litigante.