Priistas exigen evitar persecución política contra ex funcionarios
Líderes y militantes del PRI local y nacional piden al Gobierno Estatal no politizar la impartición de justicia, mientras que PAN y MC reclaman esclarecer el caso
Luego de las órdenes de aprehensión giradas contra tres ex funcionarios locales del PRI, la dirigencia nacional de este partido exigió evitar las persecuciones políticas.
Enrique Ochoa Reza, líder tricolor a nivel nacional, demandó que en el caso de Eduardo Bailey Elizondo, a quien se le señala por quebranto financiero al Isssteleón, las autoridades estatales y judiciales actúen conforme a derecho y respeten las garantías individuales.
Para ello, pidió que las acusaciones sean sustentadas con pruebas claras. “Tenemos que exigir que las autoridades lleven a cabo dichos procesos con respeto a los procesos administrativos y penales, con pleno respeto a las garantías individuales, y que no se lleven a cabo persecuciones políticas (…) en función a eso tomaremos las definiciones partidarias correspondientes”, afirmó.
Ochoa Reza dijo que siempre demandarán la rendición de cuentas, pero no solo del PRI, sino también de otros partidos. “Debe exigirse un proceso que no politice la impartición de justicia, pero que, por supuesto, del otro lado exista la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de los señalamientos, aclararlas ante la autoridad competente y, en ese sentido, rendirle cuentas a
César Cavazos reclama que el caso no sea manejado con tintes partidistas
la ciudadanía con plena transparencia”, declaró durante el festejo de Ildefonso Guajardo.
Por su parte, el dirigente estatal del instituto político, César Cavazos Caballero, manifestó su sospecha de que las órdenes de aprehensión contra Eduardo Bailey, Jorge Domene y Pedro Morales se traten en realidad de una persecución contra el partido.
En ese sentido, demandó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que el caso no sea manejado con tintes políticos.
Consideró que la aprehensión de Bailey Elizondo fue una medida excesiva, pues “no había elementos claros para su detención”.
El dirigente del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, señaló que estos casos de impunidad no abonan en nada a generar confianza de la ciudadanía en las instancias de procuración de justicia y más bien demuestran que no se sanciona a los malos gobiernos. “Creo que, de entrada, hubo desinformación, hubo versiones encontradas entre la Procuraduría de Durango y de Nuevo León y bueno, además las imágenes que se dan a conocer desconciertan y dejan más dudas que respuestas”, mencionó.
Por su parte, el ex diputado federal y ex alcalde de Escobedo, Abel Guerra, se desmarcó del también ex alcalde de Escobedo, Eduardo Bailey. Señaló que Bailey ya no forma parte del grupo político que él integra, y que eso sucedió desde que se incorporó al Gobierno de Rodrigo Medina, con quien él no coincidió.
Con relación a este caso, la senadora priista Cristina Díaz comentó que espera que haya un justo proceso y que esté apegado a derecho.
Pidió que no se actúe con fines políticos por parte de la autoridad estatal, ya que la justicia, dijo, debe de ser imparcial. “Lo único que todos decimos y solicitaríamos es que se haga un justo proceso, apegado estrictamente a la norma”.
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Samuel García, defendió a la Procuraduría de Justicia local y argumentó que fueron los agentes de Durango quienes rompieron el protocolo y permitieron que huyera.