La ONU, por debate más amplio sobre seguridad
Además del papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, impulsa un análisis del modelo que el país necesita
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, llamó al Congreso a una discusión más amplia sobre la Ley de Seguridad Nacional, a fin de debatir no solo el papel de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, sino principalmente sobre el modelo de seguridad que los mexicanos necesitan.
Como parte de las observaciones en materia de seguridad interior y seguridad nacional que Jarab remitió a la Cámara de Diputados destaca también la recomendación del retiro gradual y medible del Ejército y la Marina a sus cuarteles, pero no de manera inmediata ni súbita.
“Nuestra oficina está preocupada con la intención de adoptar una Ley de Seguridad Interior, porque, según nuestra opinión, esta intención va contra la necesidad, varias veces admitida por las propias autoridades, de salir del paradigma militar”, puntualizó.
A solicitud del coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió el pasado 22 de marzo al Palacio de San Lázaro una serie de objeciones con respecto a las propuestas de Ley de Seguridad Nacional a discusión.
Negó, en ese contexto, alguna
“Queremos ver a los militares en los roles que les son idóneos”, asegura Jan Jarab
“orientación ideológica” de la oficina a su cargo para golpear o desprestigiar a las fuerzas armadas, pero remarcó “queremos ver a los militares en los roles que les son idóneos y el combate el crimen no lo es”.
Sostuvo así que, a diez años de la participación del Ejército y la Marina en esas tareas, la pregunta no debería ser si las fuerzas armadas requieren el respaldo de una ley, sino si deben o no continuar ejerciendo esas funciones.
Más aún, Jarab advirtió que utilizar a los militares en el combate al crimen ha desincentivado en los hechos la profesionalización de las corporaciones policiacas de estados y municipios.
“Para las autoridades locales sigue siendo más fácil llamar al gobierno federal para que les ayuden con las fuerzas armadas, que invertir un trabajo difícil en la construcción de policías profesionales, competentes y creíbles”, dijo.
No obstante, indicó, en caso de que el Estado mexicano decidiera finalmente adoptar una Ley de Seguridad Interior con la participación de las fuerzas armadas en esas tareas, es preciso establecer salvaguardas para reducir sus consecuencias negativas en materia de derechos humanos.