12 periodistas con chaleco antibalas y dos escoltados
La Secretaría de Gobernación dio a conocer que, al 31 de marzo del año pasado, son 12 reporteros los que trabajan enfundados en chalecos antibalas y dos con escolta. No especifica ubicación o nombres por cuestiones de seguridad.
Al respecto, la representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Martínez, considera que la cifra está rezagada, ya que son más de 30 los beneficiados con lo que se conoce como “protección dura”: chalecos, carros blindados y escoltas”.
De acuerdo con el oficio del Comité de Transparencia de la dependencia federal (SEGOB/ CT/ORD-02/08/2016), hasta esa fecha ningún reportero ha sido auxiliado con algún tipo de vehículo blindado, como se prevé desde 2012 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Detalla que de octubre de 2012 a octubre de 2016 el mecanismo benefició a 253 periodistas, 168 hombres y 85 mujeres. En este sentido, la representante RFS urgió a incrementar ya el presupuesto.
Argumentó que el organismo internacional cuenta con datos de que, cuando ejecutan a un comunicador en cierto punto del país, otros en esa misma zona están en riesgo.
En lo que más se ha gastado en los casi cinco años del mecanismo de protección ha sido en botones de pánico, reforzamiento de las condiciones de seguridad en los domicilios, escoltas y refugios, según Reporteros Sin Fronteras.
Aunque los gastos mayores han sido en pasajes aéreos, viáticos, congresos o traslado de personas, entre otros. Por ejemplo, en su Informe de Actividades de 2015, aparecen gastos en congresos y convenciones por un monto de un millón 176 mil 33 pesos, y por concepto de viáticos del año en cuestión, 100 mil pesos.
En dicho mecanismo trabajan 37 personas en niveles de jefatura de departamento y superiores. “Con ese presupuesto que tiene ahora no es suficiente; con una problemática tan compleja no se puede operar de forma eficaz”, señaló Balbina Martínez.
El propio mecanismo lo reconoce en su documento “Avances y Retos 2012-2016”. Dentro de sus pendientes menciona, precisamente, el “reforzamiento de personal de la Unidad de Evaluación de Riesgos, en el área de análisis de riesgos y de seguimiento de medidas”.