TRASCENDIÓ
: Que
la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos, que encabeza John Kelly, liberó anoche un desglose de cómo se aplicará parte del presupuesto destinado a Protección Fronteriza y Aduanas, dependencia encargada de la contrucción del muro de Donald Trump. La propuesta considera una inversión de 2 mil 700 millones de dólares para infraestructura táctica de alta prioridad y tecnología de seguridad fronteriza, incluido el financiamiento para levantar la barda, que arrancará con 51 kilómetros de un nuevo sistema en el sector Río Grande Valley, 48 kilómetros más de elevación en la misma área y 22 que reemplazarán el muro secundario en San Diego. Además se aplicarán 100 millones de dólares para la contratación y el entrenamiento de 500 nuevos agentes. : Que
el mapa de riesgo de violencia contra periodistas, una de las medidas anunciadas hace una semana en Los Pinos para prevenir agresiones del crimen organizado, se construye con base en la información de cada una de las entidades, algunas de las cuales ya cuentan con un diagnóstico de esa naturaleza. Sin embargo, no se dará a conocer, porque se trata de un insumo de seguridad que forma parte de la estrategia para evitar nuevos casos. Por lo pronto, los medios naciones de comunicación y algunos internacionales alzaron la voz y lanzaron un “¡ ya basta!” contra el crimen organizado y la impunidad con que se mueve en México, con un desplegado que hoy se publica en estas páginas. : Que
la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, anda de malas en estos días. No solo las corrientes internas de su partido se rebelaron contra su propuesta de frente común con la derecha, sino que ayer el tribunal electoral le bateó su intención de impedir que sus ex compañeros de bancada, encabezados por Miguel Barbosa, se pudieran integrar a la del PT. Los magistrados electorales decidieron validar la integración de los ex perredistas a la fracción del Partido del Trabajo, lo que representa una nueva derrota para la lideresa, y abre la posibilidad de que de manera plena los morenistas puedan reclamar espacios en los órganos de gobierno del Senado.