ARTICULISTA INVITADO

Durante las campañas en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, la fiscalización electoral ha derivado en un motivo de denuncias de malos manejos entre los partidos políticos y candidatos. Tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE), como en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), se recibieron las quejas sobre rebase de topes, uso de dinero ilícito y compra de voto.

A la fiscalización electoral le corresponde verificar cuánto se ingresa y se gasta en las campañas y si lo que reportan los candidatos es lo que realmente recibieron y gastaron; es como una revisión fiscal, se revisa que lo que se reporte sea real y lo permitido por la ley.

A la Fepade le corresponden las denuncias por compra o coacción de voto, así como la revisión del origen de los recursos, mientras que al Instituto Electoral local le compete el posible uso de recursos públicos en las campañas.

Sin duda que es un sistema complejo de distribución de competencias; no obstante, así es el diseño de las reglas electorales que los propios contendientes acordaron previo a las elecciones.

Recientemente recorrí el distrito electoral 27 del Estado de México, en el municipio de Metepec. Fui acompañado por personal del INE, en particular por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual monitorea todo el estado, recorriendo calles para ubicar propaganda