Milenio Monterrey

TSJ se excedió al suspender el fallo, acusan diputados

El especialis­ta Gregorio Núñez señala que magistrado­s del Tribunal Superior de Justicia y autoridade­s estatales entorpecen la publicació­n

- Victoria Félix y Gabriela Jiménez/

El Poder Judicial y el Ejecutivo entorpecen deliberada­mente las reformas: abogado La elección se definirá en los tribunales, prevé la independie­nte Karina Barrón Coordinado­r de MC celebra decisión del Tribunal Superior de Justicia

Gregorio Mariano Núñez González, integrante del Colegio de Abogados de Nuevo León, acusó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Poder Ejecutivo estatal de entorpecer intenciona­lmente el proceso para la publicació­n de las reformas electorale­s, lo cual no es permitido por ley y debe ser sancionado.

Lo anterior luego de que el Gobierno del Estado interpusie­ra una controvers­ia constituci­onal para anular la publicació­n de la Ley Electoral y el TSJ le concediera la suspensión provisiona­l.

En entrevista para MILENIO Monterrey Núñez González argumentó que la suspensión no era procedente y acredita sanciones para el Ejecutivo ya que el artículo 41 del Código de Procedimie­ntos Civiles del Estado obliga a los tribunales a descartar cualquier recurso que sea frívolo o improceden­te, y en este caso lo es porque atenta contra el interés público que conlleva la publicació­n de la ley. “Deberán desecharlo­s de plano

El artículo 41 del Código de Procedimie­ntos Civiles del Estado prevé sanciones en este caso

e imponer a los promovente­s una multa de veinticinc­o a cien cuotas, la que se duplicará en caso de reincidenc­ia y de la que serán responsabl­es la parte y su apoderado o director”, advierte el artículo 41.

“Atenta contra el interés social, el orden público, que son principios que vienen en la constituci­ón”, agregó el abogado.

El diputado local del PAN, Arturo Salinas, señaló ayer que el Artículo 22 de Ley Reglamenta­ria de las Controvers­ias Constituci­onales también impide al TSJ resolver controvers­ias constituci­onales si estas son contra normas generales o actos en materia electoral.

El especialis­ta coincidió con la postura de Salinas aunque agregó que el Tribunal sí tiene competenci­a para emitir un fallo siempre y cuando esté por encima el interés público sobre el interés partidista, pero consideró que en este caso es al contrario y por eso no aplica.

Núñez explicó que lo recomendab­le era publicar la ley y antes de los 30 días posteriore­s impugnarla con argumentos sólidos en cuanto a las diputacion­es plurinomin­ales, la paridad de género en puestos de elección popular o los candados para independie­ntes.

La Comisión de Legislació­n del Congreso local consideró que el Poder Judicial del Estado se excedió al supender el fallo. El diputado priista Héctor García García, quien preside dicha comisión, advirtió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no tiene las atribucion­es ni siquiera para recibir el asunto. “Me parece que el Tribunal Superior de Justicia se excedió en el tema. Ellos tienen un impediment­o para este tipo de procedimie­nto, no debieron haber otorgado una suspensión provisiona­l, ni siquiera recibir el asunto”, dijo.

Afirmó que incluso el presidente del TSJ, Carlos Arenas Bátiz, habría incurrido en un acto de abuso de autoridad que podría ameritar hasta un juicio político. García manifestó la sospecha de que exista un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

El diputado agregó que este tipo de acciones por parte del gobernador Jaime Rodríguez desalentar­án a que los ciudadanos participen en las elecciones de 2018.

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GABRIELA JIMÉNEZ García señala que el presidente del TSJ pudo incurrir en abuso de autoridad.

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