Vecinos dicen que legislador busca favorecer a particulares
Un grupo de vecinos del sur de Monterrey denunció este miércoles que la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado aplica criterios personales para la elaboración del anteproyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, que deberá ser homologada a la Ley General de Ordenamiento Terri- torial y Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, normativa federal que entró en vigor en noviembre de 2016.
La ecologista Reynalda Durán denunció que el presidente de la comisión, el diputado Jesús Nava, pretende favorecer a particulares con esta postura. “Está queriendo aplicar sus criterios personales. Un ejemplo que les voy a presentar es que él La ecologista Reynalda Durán cuestionó la actuación del diputado Jesús Nava comentó que está teniendo reuniones respecto de las consultas que están haciendo, recopilan- do información de diferentes sectores que ahí lo mencionó él, como el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, que ha tenido reuniones con propietarios de parques industriales y les está comentando que si tienen terrenos para urbanizar para habitación en otros sectores, para que las áreas municipales que les corresponde entregar a los parques industriales lo anexen o agreguen a los fraccionamientos, si es que tienen otros terrenos. “Entonces esto denota un total desconocimiento por parte de ellos si están queriendo aplicar ese criterio puesto que las áreas verdes y municipales, la nueva ley federal claramente establece que son innegociables. Es claro que las leyes normalmente se hacen en favor de unos cuantos y ésta no es la excepción, entonces ya estamos los representantes de vecinos de las 13 colonias trabajando, revisando el documento y vamos a volver a presentar nuestras propuestas sobre ese anteproyecto”, declaró.
Señaló que temen que el Congreso del Estado recurra al madruguete o albazo, para con estas reformas favorecer a los desarrolladores inmobiliarios.
Declaró que en noviembre del año pasado entró en vigor la normativa federal y los Congresos locales tienen un plazo de un año para adecuar las leyes.