El linchamiento mediático
Siempre serán preferibles los excesos de libertad a los de su restricción; sin embargo, la labor crítica se demerita cuando se hace en función del juego de poder o de un ánimo militante del periodista o del medio
Existe un problema serio en el sistema de justicia, en cualquiera de sus expresiones. Una justicia formal deficiente, además de frustración, provoca que la rendición de cuentas legales se traslade al espacio mediático. El descontento por el imperio de la impunidad hace que el tribunal mediático cobre relieve. La cuestión es que no hay otra justicia que valga que no sea la formal; la sanción social es insuficiente y con frecuencia injusta y desproporcionada, porque no atiende las condiciones básicas del debido proceso. Los medios, con mayor regularidad a la deseable, juzgan y condenan de manera sumaria, sin derecho de audiencia, sin deparar la veracidad de los dichos o la intención de los acusadores.
Ante las deficiencias de la justicia formal, al menos queda el tribunal mediático. Está bien y siempre serán preferibles los excesos de libertad a los de su restricción; sin embargo, la labor crítica se demerita cuando se hace en función del juego de poder o de un ánimo militante del periodista o del medio. Acusar o exonerar a partir del prejuicio o del interés conlleva riesgos mayores. Darle curso y vuelo a la indignación no solo hace ganar votos, también lectores y auditorio. El reto no es menor; por una parte, es fundamental que los medios tengan una labor intensa y activa en el escrutinio del poder en cualquiera de sus expresiones, pero también es indispensable que esto se haga con rigor, con cuidado, aunque atienda al interés particular del medio o del periodista.
Los medios también son factor de poder y también expresan en lo particular intereses. Los medios no pueden ser ficha suelta del sistema democrático; la autoregulación es el mejor camino, pero también que los particulares tengan acceso a los medios de justicia cuando sus derechos se ven afectados por un ejercicio indebido de la libertad de expresión. Es un tema delicado, pero la legalidad a todos se aplica, así como los medios para la protección de los derechos de las personas o de las empresas.
Lo acontecido en la fiscalización reciente del INE ofrece ejemplos que debieran estar presente para llevar a un mayor sentido de contención mediática, sobre todo, en la cobertura de las denuncias de candidatos o dirigentes políticos. Por ejemplo, la diputada local veracruzana Eva Cadena fue sancionada de manera grave por el Congreso local al quitarle el fuero constitucional a partir de una denuncia en el contexto del interés partidario y de la disputa por los votos. Inexplicable que el PRI se sumara al objetivo de Morena de callar la denuncia que pesa sobre destacados dirigentes de Veracruz. El Congreso local condenó y ahora la exonera la Comisión de Fiscalización del INE, instancia especializada en el tema del financiamiento de campañas, dictamen aprobado por el Consejo General el pasado viernes.
También la organización civil Ahora, coordinada por Emilio Álvarez Icaza, quien pretende ser candidato independiente, dio a conocer que la campaña del PRI en el Estado de México se había financiado con miles de millones de pesos aportados por la empresa española OHL. La denuncia fue ampliamente atendida por los medios. Morena se hizo eco de una información cuyo origen son el abogado Paulo Diez y el empresario Pedro Topete, quien ha sido acusado de extorsión por la venta frustrada que pretendió hacer a OHL de la empresa Infraiber. El INE también exoneró y, al igual que Eva Cadena, remite la investigación a otras instancias. Al menos es deseable que quienes presentaron en su momento la denuncia sobre el tema a la Fepade se presenten a ratificarla aportando elementos de prueba de sus dichos.
Los casos se acumulan y día con día se presentan denuncias mediáticas acompañadas de sentencias sumarias. Quizá sea el signo de los nuevos tiempos. El problema no está en el exceso y el abuso de la libertad de expresión, sino en la insuficiencia del sistema de justicia formal. No se pueden hacer señalamientos que signifiquen un daño moral a personas e instituciones si no existe sustento y si esto se vuelve un medio para darle curso al interés de partidos, como sucedió con la diputada Eva Cadena o con particulares acusados de extorsión, como es lo de OHL.
Los medios, especialmente críticos, se reivindican y acreditan en su función cuando tienen la capacidad para actuar con rigor y cuidar los términos de su relación con sus supuestos denunciantes. Sería muy útil que, quienes desde la tribuna mediática han condenado a la diputada Cadena, investigaran el financiamiento a Morena en el Congreso veracruzano, al igual que preguntaran cuántos empleados tiente Infraiber, qué operaciones tiene o si solo es un membrete para extorsionar y qué negocios tiene además de un contrato asignado directamente por miles de millones de pesos con tarifas desproporcionadas durante los últimos meses del gobierno mexiquense anterior.
El problema no está en el abuso de la libertad de expresión, sino en la insuficiencia del sistema de justicia formal