Los fantasmas de Pegasus, el socavón, Duarte…
La más reciente investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrió que la empresa que oficialmente vendió el
malware Pegasus a la PGR es una empresa fantasma.
Los detalles se pueden leer aquí: (https:// goo.gl/3GYVZK).
La confirmación está en un correo de un señor Armando Pérez a la empresa italiana The Hacking Team en el que explica que ya firmado el contrato con la PGR — que firmó Tech Bull— y depositado el dinero, los israelíes de NSO, propietarios de Pegasus, les habían incrementado el precio. Pérez, desde un mail de grupotechbull.com, pide a los italianos que hagan una mejor oferta de NSO con otros programas que, aunque no son tan buenos, doblando la oferta del número de licencias, puedan convencer a la PGR de cambiar de programa de espionaje.
El mail: “Hola el director de mi empresa, Rodrigo Ruiz, justo habló con Simoneta en el teléfono. Voy a explicar lo que somos y lo que hacemos en un resumen: Somos una empresa que vende inteligencia y seguridad al gobierno mexicano. Somos una subsidiaria de la empresa principal que es Balam Seguridad que es una de las empresas más importantes en inteligencia en el país…”.
La historia es una que se repite todos los días en México.
Hace unos días, documenté aquí cómo la empresa que ganó la licitación para “supervisar la calidad de la obra” en el Paso Express de Cuernavaca había competido con dos empresas de amigos, todas con sospechosas direcciones en Oaxaca y Veracruz y sin experiencia alguna en la materia para la que compitieron.
Con el mismo método, el gobierno de Javier Duarte desvió millones. Las empresas fantasma son lo de hoy. Se crean por varias razones: para evadir al fisco, las empresas se abren y se cierran antes de que el SAT siquiera se dé cuenta o cuando se da, no hay manera de encontrar a los responsables; para emitir falsas facturas que son un apetitoso producto cuyo tráfico implica miles de millones de pesos en impuestos no pagados. En el caso de licitaciones gubernamentales, para evadir responsabilidad, una empresa que falla al gobierno queda inhabilitada. Si tengo muchas empresas, no importa que me castiguen una; y, por supuesto, por corrupción, para arreglar licitaciones entre tres empresas del mismo dueño, o para que de esas empresas salgan los moches.
Cualquier investigación seria debería empezar por ahí. Con el SAT y la UIF de Hacienda.