a Secretaría de la Función Pública (SFP) me confirmó que junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se realizaron mejoras en diversos trámites federales, estatales y/o municipales que son proclives a la corrupción, y me informó que los resultados no se conocerán el próximo jueves, como se detalló en el “Informe de seguimiento a compromisos de líneas de acción específicas y de coordinación de la estrategia”.
Se cambió la fecha para septiembre, aunque no se ha definido el día. El propósito es juntar el primero y el segundo universo de trámites revisados junto con el sector empresarial (hasta ahora más de 70) para dar a conocer un paquete de acciones de impacto central, sobre todo en el tema de las licitaciones públicas o de invitación para la realización de obras y servicios o venta de bienes.
La dependencia también espera los comentarios de la Procuraduría Fiscal y de la Secretaría de Economía sobre los proyectos de reformas al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Laassp) y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para consolidar el sistema de contrataciones públicas federales como uno “basado en la transparencia, competencia, imparcialidad y eficiencia”. La SFP destacó que no es necesario llevar a cabo reformas a esas leyes.
Adicionalmente, la SFP inició el 2 de junio pasado la aplicación de pruebas piloto internas trimestrales para la implementación de indicadores de gestión y desempeño para evaluar las contrataciones que se realizan al amparo de la Laassp que favorezca la administración por resultados.
Como resultado del diálogo con el sector privado, en las convocatorias de contratación de servicios o licitaciones públicas del segundo trimestre del año, por instrucciones de la SFP se ha dado cumplimiento al Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones y su Decreto Modificatorio.
En todas las actas de licitación públicas o por invitación se informa a los licitantes que tienen el derecho de presentar quejas o denuncias “por incumplimiento de obligaciones” por parte de servidores públicos, y que “en cualquier momento podrán presentar ante la SFP solicitud de conciliación” y en todo caso ser demandados por la vía judicial correspondiente.
En los contratos se incluye la cláusula “resolución de controversias”, y que la jurisdicción para tribunales será la Ciudad de México.