La IP debe proteger los derechos, pero persiste discriminación
La protección de los derechos humanos no solo es responsabilidad del gobierno, también es una obligación del sector privado crear los marcos estructurales y regulatorios para su respeto, a fin de prevenir cualquier violación a ellos, indicó la directora de sustentabilidad e inversión responsable de Grupo Financiero Banorte, Mariuz Calvet. “El gobierno no es el único responsable en ese sentido, son las empresas las que tenemos una participación importante en el cuidado de esas libertades”, añadió previo al MILENIO Foros sobre Derechos Humanos y Empresas.
Explicó que la responsabilidad no se queda en el cumplimiento de la ley, sino que es necesario desarrollar mecanismos que dejen muy claro a los colaboradores que hay procesos de debida diligencia en caso de violaciones a los derechos humanos.
Comentó que Banorte tiene todo un programa de respeto a los derechos humanos y ha firmado las convenciones para su cuidado. Además, en sus operaciones, productos y servicios analiza los riesgos que pudieran afectar a personas o comunidades en los proyectos que financia.
Banorte y CIBanco son las únicas instituciones financieras mexicanas que han suscrito los Principios del Ecuador, iniciativa del Banco Mundial para prevenir riesgos sociales y ambientales en sus operaciones de crédito.