CEE busca aumento de sus recursos por año electoral
Pese al amago del Congreso de reducirles el presupuesto, Mario Alberto Garza considera incongruente bajar el dinero con el proceso en puerta
Mientras que el Congreso del Estado amagó con reducirle el presupuesto en relación al monto asignado en 2017, el presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza, declaró que se busca obtener para el 2018, un presupuesto de tres veces superior al actual, debido a que será un año electoral.
El comisionado señaló que para este año les aprobaron 347 millones de pesos, pero que para el año próximo, solicitarán alrededor de mil 044 millones de pesos, pues requieren recursos para la organización completa del proceso electoral. “Estamos armándolo (el monto del proyecto de presupuesto) con las diferentes áreas para enviarlo a las autoridades correspondientes. Ahorita estamos presupuestando alrededor de mil 044 millones de pesos que tiene que ver con todas las etapas preparatorias del proceso. Aproximadamente es eso, podría incrementarse o reducirse”, declaró.
Dijo que la inversión en el proceso electoral implica la adquisición de material, documentación, consultas populares, selecciones, capacitación, mesas auxiliares de casilla, comisiones municipales electorales, reclutamiento de funcionarios municipales electorales y el sistema de resultados electorales preliminares. “Yo me pongo al escrutinio de la opinión pública. La verdad es que las amenazas (de reducir el presupuesto) no las tomo como personales o institucionales. Creo que reducir el presupuesto en tiempos de elecciones sería incongruente, puedo entender que se puedan hacer esfuerzos en reducir presupuestos cuando no hay elecciones, pero el dinero no es para la Comisión Estatal Electoral y no es para los consejeros electorales. “El dinero que se ejerce en los procesos electorales es para salvaguardar los derechos de partici- pación política electoral”, declaró.
Expresó que tiene la convicción de que el Congreso y el Ejecutivo tendrán la suficiente sensibilidad política y jurídica, para garantizar junto con la CEE, los derechos político-electorales de la ciudadanía.