Solicitarán auditoría al Sistema de Administración Penitenciaria
Luego de los disturbios en el penal de Cadereyta que arrojó 17 muertos y varios lesionados, la diputada del Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar presentó un punto de acuerdo que aprobó el Congreso del Estado para solicitar una auditoría al Sistema de Administración Penitenciaria.
La legisladora comentó que solicita que la Auditoría Superior del Estado revise qué se ha hecho y cómo en los centros de readaptación social para evitar la reserva de confidencialidad.
Ante tal hecho, el legislativo instruye a la ASE para que en el proceso de la fiscalización
Verificarán la correcta aplicación de recursos en los centros de readaptación social
de la Cuenta Pública 2017 del Gobierno Estatal se realice tal fiscalización de desempeño a la Secretaría de Seguridad Pública en torno a la administración penitenciara, con la intención de verificar la correcta aplicación de los recursos que ejerce, si lo hace con racionalidad, eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de las metas de sus indicadores. “Todos somos de alguna manera partícipes de mejorar la seguridad pública. Lo ocurrido en el penal de Cadereyta el día de ayer debe ser la gota que derramó el vaso de la inseguridad que padecemos”. “La seguridad y la vida de los reclusos es responsabilidad de la administración estatal, que en el caso de los fallecidos habrá de hacer la reparación del daño que corresponde”, dijo.
En otro orden de ideas, los diputados del Congreso del Estado pidieron que el secretario de Seguridad, Arturo González dé la cara ante los disturbios que dejaron 16 muertos en el penal de Cadereyta el pasado martes.
Los coordinadores de las ban- cadas del Partido Acción Nacional, Arturo salinas y del Partido Revolucionario Institucional, Marco González coincidieron en que no se le puede pasar la responsabilidad del secretario de Seguridad al secretario general de Gobierno, Manuel González así porque sí, sino que debe ser mediante una modificación legal.
Exigieron además se investigue en relación al uso de la fuerza letal que se ejerció en el penal.