Diputados aprueban por unanimidad la ley de desaparición

Con 397 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que, entre otros aspectos, establece una pena de 40 a 60 años de prisión para los servidores públicos que priven de la libertad a una persona y oculten su destino o paradero.

Los particulares que incurran en desaparición de personas alcanzarán, a su vez, una sanción de entre 25 y 50 años de prisión.

En ambos casos, las penalidades podrán aumentar hasta en 50 por ciento por agravantes como la comisión del delito contra niñas, niños y adolescentes; mujeres embarazadas, personas discapacitadas o adultos mayores, así como defensores de derechos Las penas aumentarán 50% en caso de que el delito sea cometido contra niños y mujeres humanos y periodistas.

Casi dos años después de la presentación de la iniciativa presidencial, las fracciones legislativas en el Palacio de San Lázaro avalaron sin modificaciones la legislación aprobada por el Senado y la turnaron al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Representantes de las organizaciones agrupadas en el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México celebraron con aplausos y arengas la aprobación de la ley. “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están? “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, coreaban los familiares de los desaparecidos.

Al fundamentar el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, el legislador priista Álvaro Ibarra subrayó que México se convierte en el primer país con una legislación especializada en materia de desaparición forzada.

“Desde hace tiempo México enfrenta un problema serio en materia de desapariciones: según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tiene constancia de más de 32 mil personas desaparecidas y diversos organismos internacionales han establecido que el delito de desaparición forzada en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en la investigación, persecución y sanción”, dijo.

Las diputadas Yolanda Morán, del PAN, y Cristina Gaytán, del PRD, reconocieron la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en el diseño de la ley.

No obstante, admitió Morán, “no hay ley que valga, ni palabras que devuelvan a muchísimas familias la paz ante la tragedia de que son víctimas”.

Gaytán subrayó la necesidad de garantizar los recursos necesarios para poner en marcha y operar los instrumentos de esta ley.