unque muchos pesimistas profesionales se nieguen a reconocerlo, la humanidad progresa. Parte de sus avances se la debemos a la ciencia. Vacunas y antibióticos, transportes y telecomunicaciones, computación, internet y sus derivados… todo ello ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la humanidad.
Pero otra parte del progreso se debe a avances humanísticos, filosóficos y jurídicos: hasta hace no poco la esclavitud, el racismo, la discriminación por orientación sexual o por minusvalía, el maltrato y restricción de derechos a las mujeres eran vistos como normales. Y la ciencia ha jugado su parte en estos logros, al mostrar que la idea de razas humanas, de las diferencias en capacidades entre los sexos o de las orientaciones no heterosexuales como enfermedades, carecen totalmente de sustento.
Entre los avances sociales más importantes está la separación Iglesia-Estado: un Estado moderno tiene que ser laico. En parte porque solo dejando a las creencias religiosas fuera del ámbito de gobierno puede evitarse beneficiar solo a quienes profesan alguna religión. También porque muchas de estas creencias, que afectan la vida de las personas, carecen de sustento más allá del dogma. Por eso las sociedades modernas privilegian el conocimiento científico como base para tomar decisiones que afectan y regulan la convivencia social.
En México, esta lucha se dio desde 1859, con la guerra y las Leyes de Reforma. Hoy, al menos algunas partes del país, derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario o la no discriminación por orientación sexual o identidad de género son realidades que nos ayudan a ser una sociedad más humana y justa.
Pero hoy, en vísperas de las elecciones de 2018, vivimos un resurgimiento de la injerencia religiosa en política que busca vulnerar al Estado laico y reducir los derechos ciudadanos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del partido evangélico Encuentro Social (famosa por sus ridículas declaraciones contra el matrimonio igualitario porque “después veríamos a la gente casarse con delfines o laptops”), ha presentado una iniciativa para modificar la Ley General de Salud e introducir la “objeción de conciencia”, con el fin de que los trabajadores de la salud puedan negarse, con base en sus creencias religiosas, a prestar atención médica a los pacientes. Lo peor es que ¡la propuesta fue aprobada por una mayoría de 313 votos a favor!
Es un asunto grave: la propuesta permitiría no solo negar la atención a mujeres que deseen interrumpir su embarazo (donde tienen derecho a ello): también podrían permitir al personal negarse a efectuar transfusiones o trasplantes —que los evangélicos no aceptan—, así como oponerse a la anticoncepción, la eutanasia, la investigación con células madre y los tratamientos a pacientes con enfermedades de transmisión sexual.
La iniciativa muestra claramente el daño que las creencias religiosas causan cuando se introducen al ámbito público. Urge que el Senado, al revisarla, la rechace. Pero más allá de eso, urge que los ciudadanos exijamos a políticos, legisladores y gobernantes que respeten y hagan respetar el Estado laico y la separación Estado-Iglesia.
Eso, o tendremos que cambiar el nombre del Paseo de la Reforma a “Paseo del Estado Confesional”.