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El acoso laboral no distingue entre profesiones o estatus social y es padecido, en mayor o menor medida, por 39 de cada 100 mujeres que viven en Nuevo León, según el estudio más reciente del Inegi realizado entre octubre de 2015 y octubre de 2016.
Las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitidas por el Inegi el pasado 23 de noviembre de este año, revelan que las agresiones fueron principalmente de tipo psicológico, sexual o de discriminación en sus centros de trabajo.
Asimismo, testimonios recabados por MILENIOMonterrey evidencian que la ley falla al brindar protección hacia las víctimas, pues en muchos casos la denuncia es el motivo del despido, debido a que generalmente quien realiza las agresiones ostenta un puesto jerárquico superior.
Tal fue el caso de dos investigadoras del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Unidad Monterrey, que denunciaron haber recibido acoso psicológico por parte de su superior jerárquico.
Los actos, dijeron, iban desde suspenderles vacaciones que por ley les correspondían, removerles financiamiento para sus proyectos (pese a que son recursos etiquetados desde la federación) o constantes amenazas de revocarles su contrato, aunque la plaza es federal y la renovación es automática cada año.
Tras diversas irregularidades hacia ambas investigadoras, quienes prefirieron el anonimato, decidieron recibir asesoría legal e interponer una queja ante la dirección general del Cinvestav.
El resultado fueron más presiones y hostigamientos, hasta el día en que les presentaron una carta de renuncia, que solo fue firmada por una de ellas; otra prefirió recurrir a una demanda.
Refirieron que en el mismo sitio ya existen testimonios de al menos otras tres investiga- doras que enfrentaron la misma situación que ellas y prefirieron renunciar. “El asunto es que no somos las primeras a quienes les sucede esto o que han pasado por este tipo de situación dentro de la institución (...) una de las compañeras se fue en un estado de salud deplorable encausado por todo el estrés”, expresó.
Otro de los casos fue el de Xiomara Rodríguez, quien trabajaba como enfermera general en el hospital San Felipe de Jesús, en Cumbres, y denunció haber sido hostigada por sus preferencias sexuales.
Rodríguez expresó que la discriminación era percibida también por sus compañeros de trabajo y la situación la orilló a salirse del trabajo e interponer una denuncia. “Llegas a un punto en el que te das cuenta que te daña psicológicamente, porque ya no sabes si estás bien o estás mal por tantas cosas que te dicen, es muy tedioso y es muy problemático trabajar con personas así”, mencionó.
El diagnóstico sobre el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia realiza- do por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que solo la Procuraduría General de Justicia del Estado y los municipios de San Pedro y Escobedo cuentan con un modelo dentro de su marco normativo para combatir el acoso y hostigamiento laboral y sexual.
Además, uno de los principales motivos por los que las víctimas de violencia laboral no denuncian es por miedo a ser despedidos o despedidas, o por no encontrar otra oportunidad de empleo luego de haber interpuesto una denuncia en su centro de trabajo anterior.
Sobre esto la evaluación realizada por la CEDH señala que solo seis de los 51 municipios (Villaldama, Montemorelos, Escobedo, China, Cadereyta Jiménez y Apodaca) cuentan con programas de empleabilidad, aunque no específicamente un programa que promueva la reinserción laboral para aquellas mujeres víctimas de violencia.