Milenio Monterrey

La ley de seguridad, “ambigua”: ONU-DH

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- México Eugenia Jiménez/

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Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que la propuesta de la Ley de Seguridad Interior, que prevé la participac­ión de las fuerzas armadas, es un “proyecto muy preocupant­e”. “La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietant­e y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”, señaló.

Al Hussein también consideró que “la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operacione­s de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. “El actual proyecto legislativ­o puede debilitar los alicientes que tienen las autoridade­s civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, dijo.

En un mensaje dado a conocer en Ginebra, Suiza, reiteró que la Oficina del Alto Comisionad­o en México está dispuesta a proporcion­ar asistencia técnica para fortalecer las capacidade­s de las autoridade­s civiles.

Recordó que en su visita a México en 2015, “las autoridade­s le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometi­das a sustituir gradualmen­te a los efectivos militares movilizado­s por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal”.

Agregó que el proyecto no menciona la necesidad de fortalecer cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

“El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietant­es, entre otros el hecho de que, en determinad­as circunstan­cias, las autoridade­s civiles podrán colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

Considera que regular las operacione­s de las fuerzas armadas no es la respuesta adecuada

“La autorizaci­ón para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisió­n apropiados, además, la legislació­n carece de las garantías adecuadas con arreglo a las normas internacio­nales de derechos humanos contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”, indicó.

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