ONG advierten de crisis de derechos en los penales
Corrupción, ignorancia, ineficiencia y desinterés son las principales causas del detrimento de los centros penitenciarios, señalan organizaciones
En el marco del Día Internacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil alertaron por una crisis de derechos humanos en los centros penitenciarios de Nuevo León, ante los constantes sucesos violentos derivados de la corrupción, ignorancia e ineficiencia de las autoridades estatales.
En lo que va de la actual administración, con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón al frente, ya han sucedido ocho eventos en las cárceles, los cuales han dejado al menos 78 reos sin vida y cientos de heridos.
Dicha situación fue cuestionada por la hermana Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), quien consideró necesario realizar una investigación independiente a los funcionarios estatales para deslindar o fincar responsabilidades. “Lo que necesitamos es que haya un ente que haga la investigación formal y que puedan ser llevados al Tribunal para que sean esclarecidas las responsabilidades de cada uno. “Me parece que hay una responsabilidad muy directa con el gobernador del estado”, advirtió.
Asimismo, cuestionó el destino del dinero recaudado a través de Fomento Laboral Penitenciario, la asociación creada en la administración del ex mandatario José Natividad González Parás para impulsar el empleo en las cárceles, y la única que puede vender diversos artículos al interior de éstas.
Y de nueva cuenta, hizo énfasis en la preocupación que tienen respecto al cobro de cuotas a los internos, pues según cálculos de Cadhac, las organizaciones criminales –y sus cómplices– recaudan al menos 3 millones 597 mil 500 pesos semanales por esta actividad.
A estas críticas se sumó Martín Carlos Sánchez, titular de Renace, quien opinó que los últimos motines en las cárceles son producto del descuido de muchas administraciones.
Por ello destacó la importancia de crear un plan integral de aten- ción al conflicto, contemplando factores como espacios dignos para los reos y una estrategia efectiva de reinserción social. “(Falta tener) un programa que poco a poco pudiera ir atendiendo las situaciones que ya sabíamos que estaban a punto de estallar. Yo creo que sí falta un poco de voluntad política para darle el interés”, dijo.
Por su parte, Consuelo Bañuelos, representante de la asociación Promoción de Paz, señaló que la crisis del sistema penitenciario se deriva del nulo interés tanto de los funcionarios como de los ciudadanos.
Mencionó que los centros de readaptación siempre quedan al final en la lista de prioridades de los gobernantes, pues invertir en obras que mejoren la calidad de vida de los internos no es un tema “popular” y tampoco genera votos en futuras elecciones. “Casi siempre para cualquier gobierno, estos espacios quedan al último. (La situación) viene a ser prácticamente una consecuencia del poco interés. Es lamentable ver comentarios de apatía o de detrimento a la vida”, expresó.
Información tergiversada
El desinterés de la población nuevoleonesa en la crisis del sistema carcelario es causada por la difusión de información a modo por parte las autoridades estatales, consideró Félix López, filósofo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL (Iinso). En entrevista vía correo elec- trónico, el experto afirmó que el Gobierno ha preferido deslindarse de la problemática y tratar de “culpar” a los internos. “El que un sector de la población nuevoleonesa no se interese o preocupe por discutir el tema, es reflejo de la poca empatía y solidaridad que existe entre muchas personas en el estado (...), pero se debe principalmente a la información difundida perversamente por el estado, donde los presos solo nos representan un lastre económico”, apuntó.
Por su parte, Cintia Smith, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tec, enfatizó que la sociedad nuevoleonesa no percibe la crisis penitenciaria como un problema de seguridad. “La ciudadanía no ve el tema de los penales como un problema de seguridad. Se pueden sensibilizar en el momento de la crisis, al verlo en el noticiero, pero no pasa de cinco minutos. Es un tema de derechos humanos y eso no gana votos”, declaró.