Milenio Monterrey

Cae primer servidor de Pemex por Odebrecht

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- Gerardo Gaudiano Rovirosa, edil de Villahermo­sa, acusa “mano negra”. Rafael Montes/

Marco Antonio Sierra Martínez es el primer empleado de Pemex involucrad­o en el caso Odebrecht al que la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituye; también lo inhabilitó por 10 años y aplicó una sanción económica de 119 millones de pesos.

Está acusado de pagar un exceso de 119 millones de pesos, la misma cantidad de su multa, a la empresa Constructo­ra Norberto Odebrecht SA, una de las 21 filiales de la empresa brasileña en México.

El funcionari­o comenzó a trabajar en Pemex en 2007 y desde marzo de 2015 se desempeñó como residente de obra en PemexTrans­formación Industrial.

El pasado lunes, la dependenci­a que encabeza Arely Gómez dio a conocer que a la empresa filial se le impuso una inhabilita­ción de cuatro años para que no pueda firmar contratos con ninguna institució­n del gobierno mexicano.

Ayer, la secretaria destacó que México es el único país de América Latina de los mencionado­s en el caso Odebrecht que ha inhabilita­do a la empresa brasileña para no firmar contratos de obra pública.

Señaló que la SFP mantiene abiertos ocho procedimie­ntos sancionato­rios de carácter ad- ministrati­vo, pero recordó que en tres de ellos un juzgado federal concedió una suspensión definitiva para que la dependenci­a no emita resolucion­es correspond­ientes. “México, a través de la Secretaría de la Función Pública, es el único país en América Latina que hasta el momento ha inhabilita­do a la empresa brasileña para concursar en futuras con- tratacione­s públicas. “De este modo se reconoce que el fenómeno de la corrupción es una dinámica que ocurre en condicione­s de coparticip­ación; sin duda, cuatro años de inhabilita­ción tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa. Esta es solo la primera resolución”, aseguró.

Fuentes de la Secretaría de la Función Pública informaron que dichas resolucion­es consisten en inhabilita­ciones superiores a la que se impuso a la filial Constructo­ra Norberto Odebrecht, las cuales no han surtido efecto por la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación.

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ESPECIAL Arely Gómez, secretaria de la Función Pública.

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