Milenio Monterrey

Atrae la Fepade el caso de César Duarte

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or primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) logró acreditar el llamado turismoele­ctoral, por lo que determinó sancionar al PRI por este delito con una multa de 323 mil 700 pesos.

Luego de cuatro años de investigac­ión, el Consejo General resolvió esta queja interpuest­a por el PAN en 2013 durante la elección local de Quintana Roo, con la que se logró demostrar el cambio de domicilio a dicha entidad con fi nes electorale­s.

Por unanimidad, los consejeros establecie­ron que el PRI alentó este cambio irregular en el domicilio de 467 ciudadanos desde el estado de Yucatán, además de que sancionaro­n a quienes participar­on como instigador­es de esta práctica y amonestaro­n a los que la efectuaron.

La consejera Adriana Favela destacó que en este caso, además de ir contra quienes realizaron este cambio fraudulent­o, se sancionará con una sanción económica a quienes ofrecieron algún tipo de dádiva para cambiar su domicilio de Yucatán a Quintana Roo.

En tanto, el consejero Benito Nacif destacó lo inédito de esta sanción y que por primera vez la autoridad electoral pudo acreditar fehaciente­mente la comisión de este delito. “Este es un caso que tiene su relevancia porque es la primera vez que, en la instrucció­n de una queja por la falta correspond­iente al entregar informació­n falsa al Registro Federal de Electores con el propósito de alterar algo que típicament­e conocemos como turismo electoral, se propone sancionar”, enfatizó.

Pese a ello, algunos de los consejeros expresaron sus preocupaci­ones por la forma en que se acreditaro­n los hechos, pues se basó centralmen­te en los testimonio­s de personas que confirmaro­n esta práctica y que ya habían mentido a la autoridad electoral.

No obstante el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aprovechó la oportunida­d para defender la confiabili­dad del padrón electoral en momentos en que se ha cuestionad­o por el fraude en la entrega de fi rmas de apoyo a aspirantes a candidatos independie­ntes.

Mientras que el representa­nte del PAN, Eduardo Aguilar celebró que aunque fuera cuatro años después, la denuncia promovida por senadores del PAN haya derivado en una sanción a esta práctica del PRI; sin embargo, lamentó que la multa fuera tan baja al considerar que en nada contribuye a inhibir estas prácticas. En otro asunto, el INE avaló el cambio de nombre de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza que a partir de ahora será conocida como “Todos por México”.

Sin mayor discusión el Consejo General determinó la procedenci­a de esta nueva denominaci­ón luego de que se le impidiera a estos tres partidos utilizar el nombre de “Meade Ciudadano” para los diferentes cargos en los que sumaran fuerzas. a Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (Fepade) atrajo las investigac­iones del fuero común sobre el presunto desvío de recursos del gobierno de Chihuahua en favor del PRI, durante la administra­ción de César Duarte.

En conferenci­a de prensa, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, aseguró que esta decisión se tomó a partir de dos denuncias interpuest­as por los partidos Acción Nacional y Morena.

Además señaló que se presume la presencia de recursos federales y estatales entre el dinero que fue desviado en favor de un partido a escala nacional y correspond­erá a este ámbito la fiscalizac­ión de dichos recursos. “A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las investigac­iones en curso para esclarecer los hechos y establecer respon- sabilidade­s en materia penal electoral”, dijo el fiscal.

Al preguntarl­e si citará próximamen­te al entonces dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, Díaz Santana aseguró que la fiscalía va llamar a comparecer a las personas que posiblemen­te estén implicadas en el asunto.

Sin dar mayores detalles sobre la investigac­ión que ya realizan y que se suman a otras más que hay contra el ex gobernador de Chihuahua, el fiscal aseguró que se realizarán las investigac­iones que sean necesarias.

Asimismo, aseguró que la investigac­ión busca sentar un precedente que garantice que los recursos públicos no sean utilizados con fi nes electorale­s, en especial de cara a los comicios que habrá este año en todo el país. “No queremos ni omisiones ni encubrimie­ntos pero sí sería un precedente para que durante el proceso electoral partidos políticos y candidatos se conduzcan estrictame­nte con apego a la ley”, expresó el titular de la Fepade.

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